CIUDAD REAL, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas más avanzada en la aplicación y desarrollo de la Ley de Dependencia, que el próximo día 14 cumple tres años desde su aprobación, tal y como manifestaron hoy los responsables del Observatorio Nacional de la Dependencia, un organismo dependiente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que mantienen entre hoy y mañana una reunión de trabajo en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
En el acto inaugural de este encuentro --al que asistió el consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata-- el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez, señaló que Castilla-La Mancha es una las comunidades autónomas que obtiene la puntuación más alta en la Escala de Valoración del Observatorio, informó la Junta en nota de prensa.
Durante el acto, se ha entregado al Gobierno de Castilla-La Mancha dos certificados de buenas prácticas por establecer protocolos de coordinación con los servicios que gestionan los recursos de atención a las personas en situación de dependencia y de programas individuales de atención integral.
Lamata, en su intervención, destacó la labor de análisis y valoración que hace el Observatorio Nacional de Dependencia de esta nueva norma para mejorar su desarrollo en los próximos años y recordó que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, siempre ha apostado por consolidar este nuevo pilar del Estado del Bienestar que es el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
La dependencia supone, según el responsable regional, el reto "más relevante del presente y del futuro próximo en España en el ámbito social", ya que avanza en la consolidación del cuarto pilar del Estado del Bienestar, tras la universalización de la educación y la sanidad y el establecimiento de un sistema público de pensiones.
El consejero destacó el esfuerzo importante que están llevando a cabo los equipos de valoración y todos los trabajadores que realizan su labor en el ámbito de la Dependencia, para que las personas que solicitan este tipo de prestaciones puedan disponer de ellas lo antes posible.
Cada día, 250 profesionales se dedican de forma específica a desarrollar e implantar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha, entre personal administrativo, técnico y valoradores a domicilio.
Una labor que se complementa con la que ejercen todas las entidades, asociaciones, ayuntamientos y Cruz Roja, que colaboran con la Administración regional en el desarrollo de este nuevo derecho ciudadano.
Además, el consejero recalcó que la decisión del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, de unificar en una única Consejería las políticas de salud y bienestar social es una oportunidad para acelerar el desarrollo gradual de la Ley de Dependencia, teniendo siempre en cuenta el actual contexto de crisis económica y la necesidad de que haya una financiación estable y suficiente para garantizar su aplicación progresiva hasta 2015.
Por otro lado, el responsable regional destacó que su departamento trabaja en la elaboración de una nueva Ley de Servicios Sociales, como se comprometió el presidente de Castilla-La Mancha para esta legislatura, que pretende transformar las prestaciones sociales a personas con discapacidad y otras en estado de necesidad en un derecho ciudadano, siguiendo la filosofía de la Ley de Dependencia.
DATOS PRINCIPALES
El consejero de Salud y Bienestar Social informó de que más de 24.000 personas ya han hecho efectivo en Castilla-La Mancha su derecho subjetivo a la atención de su situación de dependencia mediante el cobro de una prestación económica o la atención en un centro o servicio especializado y, en este marco, se están prestando más de 29.000 prestaciones y servicios.
Así, Castilla-La Mancha se sitúa por encima de la media nacional en los distintos parámetros que valoran el proceso de aplicación de la ley en España, siendo cada vez mejor su posición relativa respecto al resto de las comunidades autónomas, según los últimos datos publicados por el Imserso y la Tesorería General de la Seguridad Social.
Por ejemplo, con un ratio total de prestaciones de 1,19 por cada 1.000 habitantes en noviembre, ocupa el tercer lugar en este apartado en España. La media nacional se sitúa en 1,12.
Castilla-La Mancha se encuentra, por tanto, en una situación favorable para implantar este nuevo derecho ciudadano, porque dispone de una de las redes más extensas de España para la atención de las personas mayores y las personas con discapacidad, por lo que a día de hoy la inmensa mayoría de las personas con gran dependencia disfrutan de una plaza en los numerosos recursos públicos destinados a mejorar su calidad de vida.
En ese sentido, en los dos primeros años de legislatura ha aumentado un 24% el número de plazas residenciales para personas mayores en Castilla-La Mancha y que el programa de teleasistencia cuenta con 37.000 beneficiarios y el de ayuda a domicilio, 31.000, casi un 20% más que hace dos años.
