TOLEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS)
Comisiones Obreras denunció hoy que la privatización del servicio de residencias de mayores que el Gobierno regional está llevando a cabo, incrementa el gasto público de su gestión en más del doble, siendo las empresas adjudicatarias las que están percibiendo grandes beneficios, y pidió explicaciones al consejero de Bienestar Social, Tomás Mañas.
En rueda de prensa, el secretario regional de Empleo Público de la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de CC.OO., Ángel Aguanuevo, explicó que, en principio era la propia Junta la que construía las residencias de mayores, y entregaba la gestión integral de las mismas a empresas privadas. Pero ahora, matizó, son las empresas adjudicatarias las encargadas de construirlas y del mantenimiento de las instalaciones durante 40 años, para volver a manos de la Junta, una vez pasado ese tiempo.
"De nada nos sirve la propaganda institucional de la Consejería de que este año se van a construir 2000 plazas de residencias, entre públicas y concertadas, cuando el gasto público de lo que costaría se está incrementando en más del doble" criticó.
Mañana se abre las ofertas para la residencia de mayores de San Clemente en Cuenca, y la Junta está dispuesta a seguir con este modelo de gestión como ya ha hecho en Hellín, Villarrobledo, La Solana, Guadalajara, Cifuentes, Bargas o Corral de Almaguer. En el caso concreto de San Clemente --cuya residencia ha sido adjudicada a un grupo inmobiliario-- CC.OO denunció que se van a perder 75 plazas de empleo público en favor del privado, y que este modelo de gestión introduce además precariedades en el servicio, porque la empresa intenta reducir costes.
Según las estimaciones del sindicato, en función del precio que paga por día cada residente, las empresas adjudicatarias podrían recaudar al año de la Junta hasta 3.150.000 euros. Además, en el caso de que alguna plaza quede vacante, la empresa no pierde dinero, sino que el Gobierno regional le abona el 50%, y realiza anualmente la revisión de precios.
Frente a esa partida de ingreso, que supera los tres millones de euros, CC.OO calcula que los gastos de personal de estas empresas ascienden a 1.247.000 euros. Así "si se compara el total de beneficios que ingresa la residencia con el de gastos, la empresa privada adjudicataria va a ingresar más de un millón de euros, y eso la ciudadanía de Castilla-La Mancha no lo podemos permitir".
Desde la Junta, señaló el secretario regional de Empleo Público de la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de CC.OO, defienden que la privatización de estos servicios sale más barato, "pero según nuestras cuentas es falso, y el Gobierno regional podría ahorrar dinero con trabajadores públicos".
No obstante, el sindicato defiende que el Ejecutivo castellano-manchego, con este tipo de gestión, no está incurriendo en ninguna ilegalidad penal "pero si sobrepasa el límite moral", exigiendo al consejero de Bienestar Social, Tomás Mañas, a la secretaria general técnica, Manuela Gallego Palomo, y al director General de Atención las Personas Discapacitadas, Javier Pérez, que den cuenta de este tipo de prácticas.
Dicho esto, Ángel Aguanuevo, criticó que la Junte lleve a cabo este tipo de gestión en las residencias de mayores, cuando suscribió un convenio con los sindicatos que recoge que actividades y que sectores deben desarrollar empleados públicos, "mientras ellos siguen privatizando".
En esta línea desde CC.OO exigieron que el futuro Acuerdo por la Estabilidad en el Empleo, que están negociando Junta, sindicatos y patronal, defina de forma clara que servicios se quiere mantener con gestión pública, "antes de que la Junta y el Ayuntamientos sigan privatizando".
COMISIONES DE SERVICIO.
De otro lado, la responsable del personal funcionario en la provincia de Toledo, Gloria Cameiro, "ante el uso abusivo que se hace de las Comisiones de Servicio y de las Concursos Específicos", previstos para situaciones excepcionales, pidió a la Dirección General de la Función Pública, que les facilite la información necesaria sobre estas comisiones.
Recordó Cameiro que el pasado 28 de noviembre CC.OO, en función de un acuerdo Administración-sindicatos, pidió por escrito esa información, ante la revisión pendiente de la RPT, para determinar que puestos deberían ser provistos por concurso específico, y cuáles no eran necesarios.
"En el 2005, se acordó que mientras no se proceda a esa revisión no se iba a convocar ningún concurso específico, acuerdo que la Junta ha incumplido con los titulados superiores en investigación" denunció.
