El Consejo de Gobierno aprueba subvenciones en materia de formación y empleo por más de 2,9 millones de euros

TOLEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en su reunión de este jueves tres medidas en materia de empleo y formación por valor superior a los 2,9 millones de euros.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el portavoz y consejero de Empleo, Leandro Esteban, que ha explicado que una de estas órdenes supone una partida de 500.000 euros para becas dirigidas a los asistentes a cursos de formación para desempleados.

La otra de las medidas, que supone un incremento sobre lo previsto de 819.700 euros, va dirigida a las empresas de economía social, a fin de que oferten planes de formación para autónomos y empleados.

La última, de la que no ha ofrecido la consignación presupuestaria, hace referencia a unas subvenciones para cursos de Formación Profesional para el empleo con compromiso de inserción laboral. De este modo, las entidades subvencionadas por el Ejecutivo se comprometen a contratar al menos al 60 por ciento de los alumnos que finalicen la actividad formativa en sus centros.

En este sentido, Esteban ha indicado que son unas 30 empresas y más de 500 trabajadores quienes reciben estas ayudas, lo que, en consecuencia, supone un nivel de contratación de 300 personas.

OBLIGACIÓN DE 1,6 MILLONES

De otro lado, el Gobierno regional ha autorizado una obligación de más de 1,6 millones de euros dirigidos a las empresas adjudicatarias del transporte por carretera que asumen el abono del 50 por ciento de la reducción del billete a los jóvenes de la región.

"Es un servicio que se ha prestado y que las empresas prestatarias tienen derecho a percibir, pero que anteriormente no tenía respaldo presupuestario, contaba con informe negativo de la intervención, y fue aprobado sin informe de fiscalización", ha explicado Esteban.

"Estamos ante un nuevo ejemplo de la galería de los horrores presupuestarios herencia del anterior Gobierno regional" ha criticado el portavoz del Ejecutivo, que ha añadido que con este acuerdo la prestación del servicio está garantiza y reconocida "desde el punto de vista de rigor presupuestario".