Las Cortes rechazan que la Junta informe sobre la crisis del aceite del girasol ya que "se tomaron decisiones acertadas"

TOLEDO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha rechazaron hoy, con los votos del PSOE, una Proposición No de Ley, presentada por el PP, que insta al Gobierno de Castilla-La Mancha a informar de cuántas medidas haya adoptado la Junta en relación con las partidas de aceite de girasol provenientes de Ucrania, que, según la AESAN, están contaminadas por hidrocarburos.

La propuesta ha sido rechazada porque según los socialistas, el proceso se siguió de manera coordinada en todas las comunidades autónomas y se tomaron decisiones "acertadas" por el bien de los consumidores.

Durante el debate de la Proposición No de Ley, la parlamentaria 'popular' Carmen Casero rechazó la actitud llevada a cabo por el Ministerio de Sanidad ya que a su juicio, la información que se vertió durante esos días creó confusión a los consumidores e incertidumbre entre los productores y distribuidores, puesto que en ningún momento se habló del grado de toxicidad. Asimismo, Casero aseguró que a pesar de existir un Instituto Regional del Consumo no ha salido ningún responsable político a aclarar el tema.

Al hilo, lamentó que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya estado al "rebufo" del Gobierno central, en vez de dar seguridad a los consumidores castellano-manchegos. Asimismo, tras reprochar al Ejecutivo que no hayan tenido su propio criterio durante el transcurso de la crisis, la portavoz 'popular' en materia de Sanidad pidió a los responsables políticos que ejerzan su propia responsabilidad. Además, recordó que la Junta ha recibido críticas tanto de las asociaciones de consumidores como de las organizaciones agrarias.

"Hay que explicar por qué los lotes pudieron superar los controles de calidad", subrayó Casero, quien instó al Gobierno a poner a trabajar al Instituto Regional del Consumo y a elaborar un Plan de Seguridad Alimentaria "para no dar el espectáculo que han dado".

Durante su intervención, reiteró en varias ocasiones que la Junta debe llevar a cabo una política de consumo de "verdad" y no una política basada en publicidad. "La realidad es que en esta crisis grave han mirado hacia otro lado", puntualizó.

Asimismo, la diputada regional no quiso entrar en ataques personales, y dejó claro que el Gobierno regional tenía la obligación de informar sobre la crisis porque los consumidores, productores y distribuidores "tenían el deber". Recordó Casero que el Instituto Regional de Consumo se creó en 2007, en cuyo acto el consejero de Sanidad, Roberto Sabrido, se comprometió a impulsar las políticas de protección al consumidor, a elaborar un plan estratégico y a hacer llegar la red de alertas a todos los municipios de Castilla-La Mancha.

Sin embargo, el portavoz socialista Jesús Fernández Vaquero quiso aclarar durante su intervención en el debate, en el que finalmente no compareció el titular regional de Sanidad, que el Gobierno de Castilla-La Mancha no estuvo al rebufo de nadie, ya que según dijo, "no estamos en un reino de taifas en el que cada uno hace lo que quiere". Así, sacó a colación la crisis de las vacas locas, vivida durante el Gobierno de José María Aznar, lamentando que "un simple caldo provocara la mayor crisis alimentaria del país".

NO EXISTÍA RIESGO.

A continuación, aclaró que los aceites de la región son unos aceites excelentes, aptos para el consumo, y subrayó que el Ministerio de Sanidad actuó como tenía que hacerlo para garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos.

"Todos los ciudadanos sabían que no existía riesgo agudo para la salud. La Unión Europea (UE) recomendó a 8 países hacer y actuar igual que se había hecho en España, por lo tanto no se habrá hecho tan mal, si la UE recomienda que se actúe como en España", agregó el parlamentario socialista.

"En Castilla-La Mancha se han inspeccionado y auditado todas las refinerías y distribuidoras de aceite de girasol . Esta es la forma de defender al productor", comentó Fernández Vaquero, quien reiteró que la decisión tomada por el Gobierno de España de vaciar las estanterías de los supermercados fue la acertada, y la que garantizaba la salud de los consumidores.

"Ante una crisis de este tipo lo que hay que tener es sentido común, y lo que ha hecho la Junta es lo que han hecho todas las comunidades, coordinarse con el Gobierno de la Nación", concluyó.

La PNL presentada por el PP, y que fue rechazada con los votos del PSOE, instaba al Gobierno central a informar sobre las marcas y lotes de aceite de girasol contaminado importado por la Unión Europea desde Ucrania, sobre qué tipos de hidrocarburos han sido detectados así como su grado de toxicidad y qué partidas de aceite de girasol contaminado han sido localizadas, e informar sobre la evaluación del riesgo efectuada por la AESAN en base a la cual se decidió comunicar la alerta a los ciudadanos.

Dicha propuesta también instaba al Gobierno regional a informar de cuántas medidas haya adoptado en relación con las partidas de aceite de girasol provenientes de Ucrania, que, según la AESAN, están contaminadas por hidrocarburos, facilitar información completa y, sobre todo clara, a través del Instituto Regional de Consumo, a productores, distribuidores, consumidores y usuarios para evitar extender la alarma a productos que en su elaboración industrial hayan podido incluir el aceite de girasol.

Asimismo, y en el caso de que el Gobierno de España haga público las marcas de aceites de girasol contaminadas, pedía detallar los procedimientos que llevará a cabo el Gobierno regional para garantizar la seguridad en el consumo de este alimento de los consumidores y usuarios castellano-manchegos, así como su derecho de acceso a una información clara y veraz.