Se muestra "optimista" y mantiene que esta campaña será más "legal" que las anteriores, porque el sector está más concienciado
Reitera que los asentamientos producidos el año pasado no eran de inmigrantes ilegales, pues se trata de ciudadanos europeos
TOLEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, aseguró hoy que los empresarios agrarios podrían necesitar cerca de 30.000 trabajadores para llevar a cabo la campaña de la vendimia, aunque incidió en que esta cifra es una "mera estimación propia". Lo que sí quiso dejar muy claro es que si el número de contratos que se realicen queda muy por debajo de esa cifra, habrá una parte de estos empleadores "que no emerjan a la legalidad".
Pero para "cortocircuitar" esta situación se van a reforzar las actuaciones de la Inspección laboral, y se articularán otras herramientas, como la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a fin de desenmascarar ese tipo de contrataciones ilegales.
Así lo confirmó el delegado durante el transcurso de un desayuno informativo, en el que pidió la colaboración de los medios de comunicación para tratar "nítidamente" la información relacionada con las campañas agrícolas, sobre todo la de la vendimia, para evitar que se repitan situaciones como las vividas el año anterior en la región.
Recordó el representante del Gobierno central en Castilla-La Mancha que durante la recogida de la uva el año pasado, hubo una parte de empleadores, "que fueron los menos", que no cumplieron la legalidad, ni respetaron la dignidad de los trabajadores. Pero que hubo otra realidad y es que la mayoría se esforzó por cumplir la normativa vigente.
Habló también de la reunión que mantuvieron el pasado 7 de mayo con la Dirección General de Inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración, las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UCAMAN, y los sindicatos CCOO y UGT, a fin de establecer el plan de ruta para la contratación de trabajadores en las campañas agrarias en Castilla-La Mancha y especialmente en la de la vendimia.
Así explicó que el 7 de junio se abre el plazo, que durará hasta el día 15, para que los empresarios del campo presenten de manera obligatoria ante la Administración, una estimación del número de trabajadores que necesitarán par recoger la uva, cifra que no tiene carácter vinculante, y que puede variar. "De tal manera que si todos cumplen, y yo he visto buena voluntad, tendremos por primera vez en la historia una estimación de la mano de obra necesaria para la campaña".
La segunda fase, continuó Díaz-Cano, comenzará 20 días antes del inicio de la recogida, cuando los empleadores agrarios están obligados a presentar una propuesta de contrato. Ante esta gran afluencia de contrataciones el Ministerio de Administraciones se ha comprometido a reforzar los medios para atender el volumen de solicitudes con la agilidad necesaria, apostilló.
SECTOR MÁS CONCIENCIADO.
Por ello el delegado del Gobierno se mostró "optimista" porque esta campaña será más "legal" que las anteriores, porque según dijo el sector está más concienciado de que la vendimia ha dejado de ser "un trabajo de familia o de vecindad" y hay que contratar mano de obra, sobre todo extranjera, porque la mayoría de los trabajadores nacionales tampoco quieren hacerlo.
Además del aparato administrativo, se reforzará también la plantilla de inspectores laborales, aseguró Díaz-Cano, para evitar que se repitan los asentamientos de inmigrantes, sobre todo rumanos, que se dieron el año pasado. "Se puede tener la impresión de que el sector agrario es el que más inspecciones recibe pero en Castilla-La Mancha el más controlado es el de la construcción, seguido del de la hostelería", apuntó.
No obstante, Máximo Díaz-Cano reconoció que existen dos obstáculos, como son la complejidad de contratar a cerca de 30.000 trabajadores en un corto periodo de tiempo, y la existencia de cierta mentalidad en el sector, cada vez menos, que considera que no es necesario hacer un contrato de trabajo a esos empleados. "Las consecuencias de no hacer las cosas bien son dramáticas, como ocurrió el año pasado cuando murieron tres trabajadores que no tenían contrato laboral", recordó.
"Esto es una 'espada de damocles' que el sector no se puede permitir", dijo el delegado, que añadió que al igual que en el mercado vitivinícola se exige trazabilidad del producto, se debe exigir también que la campaña de recogida se haya realizado desde el respeto a las normas del Estado de Derecho, porque "quien no cumpla la legalidad es un competidor desleal, ya que obtiene el producto a bajo precio".
AJO Y CEBOLLA.
Preguntado sobre la petición de los sindicatos que reclamaban más inspección en el inicio de la campaña del ajo y la cebolla, Díaz-Cano manifestó que se está produciendo sin incidentes y se está desarrollando desde la normalidad.
Habló también de la obligación de los empleadores de facilitar el alojamiento a los empleados y de las diferentes maneras de llevarlo a cabo. De ahí, matizó, la implicación de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en todo este proceso, pues según explicó existen ayudas públicas tanto para los ayuntamientos, como para los contratadores, para llevarlo a cabo.
CAMPAÑA PASADA.
Durante toda su intervención el delegado del Gobierno hizo referencia a los hechos ocurridos durante la vendimia del año pasado, en concreto a los asentamientos de inmigrantes rumanos. En este punto matizó que los trabajadores que acudieron ante una expectativa de trabajo no eran ilegales, pues eran ciudadanos comunitarios, que tienen permiso de libre circulación, pero los que sí incumplían la normativa eran los empresarios agrarios a la hora de emplearlos, pues estaban sujetos a una moratoria, y por tanto a una contratación especial.
En este sentido, reiteró que en Castilla-La Mancha no podrá trabajar en las campañas agrícolas quien no tenga un contrato de trabajo, y pidió a los castellano-manchegos prudencia a la hora de hablar de estos fenómenos, pues si se califica de "avalancha" de inmigrantes, se puede atemorizar a la población, y "es aquí donde surgen los sentimientos xenófobos".
Recordó también que el año pasado solo en la provincia de Toledo se tramitaron 6.045 expedientes para la contratación de rumanos y búlgaros, frente a los 2.339 expedientes tramitados en la campaña de 2006, datos que en su opinión evidencian que las campañas agrícolas en la región se encauzan en el camino de la normalización.
De otro lado señaló que aún no se han resulto los expedientes por los tres trabajadores que fallecieron el año pasado mientras vendimiaban, y que las sanciones por contratar de manera ilegal a un trabajador ascienden a los 6.000 euros.
Por último, habló también de toda la 'picaresca' surgida entorno a la contratación de trabajadores para la vendimia, como las empresas intermediarias en la contratación que fueron desmanteladas, de tal manera que en "algunos casos asistimos a practicas que rozaban la esclavitud y la trata de seres humanos", concluyó.
