EpC.- La Fiscalía espera un pronto pronunciamiento del TSJCM y del Supremo para tener unidad de criterios

TOLEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Castilla-La Mancha confió hoy en un pronto pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) y del Tribunal Supremo para tener unidad de criterios y de actuación ante la impartición de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC).

Este es uno de los asuntos previstos en el orden del día de la reunión que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, José Martínez Jiménez, mantuvo hoy en Toledo con sus homólogos provinciales.

Sobre este asunto, Martínez Jiménez dijo que "es arriesgado hacer un cronograma sobre acontecimientos futuros, pero espero tener una respuesta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en este mismo mes de octubre o noviembre. Todos esperamos también un pronunciamiento del Tribunal Supremo vinculante como jurisprudencia antes de finales de año".

Según explicó el fiscal jefe castellano-manchego, la circunstancia de que en relación con el diseño curricular que la Consejería de Educación y Ciencia ha hecho de esta asignatura, y de que algunos padres han hecho valer un "pretendido derecho a la objeción de conciencia" ha dado lugar a respuestas de órganos administrativos de distinto nivel, "todas ellas susceptibles de ser recurridas en vía contencioso-administrativa".

"El hecho de que estas respuestas de la autoridad administrativa se produzcan a diferentes niveles ha provocado que sean competentes o bien los órganos semipersonales de lo contencioso-administrativo de toda Castilla-La Mancha, o en su caso la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha".

Y por ello, Martínez Jiménez dijo que la implicación de todas las Fiscalías de Castilla-La Mancha ha hecho necesario unificar las respuestas del Ministerio Fiscal regional en los recursos contencioso-administrativos relacionados con esta asignatura.

"Esto ha generado un debate social y correlativamente uno jurídico y la respuesta del Ministerio Fiscal de Castilla-La Mancha se pretende sea unitaria. A ese fin --prosiguió-- dicte en septiembre la Instrucción 1/8, que supone oponerse a las demandas formuladas en relación con la objeción de conciencia, oponerse a las peticiones de los padres en relación con la petición de medidas cautelares, y recurrir aquellas decisiones judiciales que fueran contrarias a la decisión del Ministerio Fiscal", apuntó.

Dicho esto, afirmó que esta decisión fue fruto de un estudio "intenso y riguroso" que llevó a cabo la Fiscalía de Castilla-La Mancha "al objeto de tomar una decisión que desde la imparcialidad y la objetividad del Ministerio Fiscal tradujera la voluntad de la ley a la luz de los preceptos constitucionales".

Pero según Martínez Jiménez esta posición, que ha permitido mantener la unidad de criterio del Ministerio Fiscal en Castilla-La Mancha en todas las cuestiones relacionadas, "está supeditada al superior criterio de todas las instancias que tienen que pronunciarse con efectos vinculantes a partir de este momento".

"De manera que esperamos la respuesta del Tribunal Supremo que debe conocer los recursos interpuestos por la Fiscalía General del Estado, de la que emanara un vinculante que podría hacer varias la posición del Ministerio Fiscal", confesó.

Por tanto, concluyó que la postura que mantiene la Fiscalía de Castilla-La Mancha es conforme a la posición de la Fiscalía General del Estado, y en algunos casos a los criterios adelantados por el Tribunal Superior de Justicia, "que denegó una petición de suspensión de la aplicación del decreto que aprueba el curriculum de estas asignaturas", concluyó Martínez Jiménez.