TOLEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma Guadalajara Educa en Libertad aseguró hoy que "cuesta entender" que los tribunales intenten "imponer taxativamente un criterio único, uniforme y restrictivo" sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC).
"Desde el respeto al Ministerio Fiscal cuesta entender que se imponga taxativamente un criterio único, uniforme y restrictivo en una cuestión en la que, a la vista de los 122 fallos favorables a los objetores dictados en las Comunidades de Andalucía, Aragón, La Rioja, Extremadura y la propia Castilla-La Mancha, hay motivos sobrados para sostener que los padres objetores estamos ejerciendo derechos constitucionales", defendieron desde esta plataforma, en nota de prensa.
De esta manera valoraron las manifestaciones después de conocer que el Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó en septiembre una Instrucción por la que ordenaba a los fiscales de los juzgados de esta Comunidad Autónoma "oponerse a las demandas formuladas en relación con la objeción de conciencia, oponerse a las peticiones de los padres en relación con las peticiones de medidas cautelares, y recurrir aquellas decisiones judiciales que fueran contrarias a la decisión del Ministerio Fiscal".
Hasta ahora, indicaron desde la plataforma, al menos los fiscales de los Juzgados de lo contencioso administrativo de Albacete y Toledo se habían mostrado conformes o al menos no se habían opuesto a la concesión de medidas cautelares a favor de los alumnos objetores.
Esta decisión del Ministerio Fiscal ha sorprendido al movimiento objetor castellano-manchego, que suma ya más de 9.000 objeciones de conciencia y 220 recursos judiciales por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, estando en preparación varios centenares más.
Desde la Plataforma Guadalajara Educa en Libertad indicaron que "a estas alturas de la controversia es evidente que el Gobierno se ha equivocado al querer imponer una asignatura que entra en conflicto con la libertad de conciencia y el derecho de los padres a la educación de sus hijos. Los Tribunales así lo están reconociendo mayoritariamente y sólo una intransigencia puramente ideológica explica que la asignatura aun no haya sido retirada después del innecesario conflicto social y jurídico que han provocado".
De otro lado, desde Profesionales por la Ética valoraron negativamente la Instrucción del Ministerio Fiscal, al entenderla "poco prudente, si tenemos en cuenta que lo que está en cuestión con Educación para la Ciudadanía son derechos fundamentales de los ciudadanos, a los que la Constitución otorga la máxima protección, vinculando a todos los poderes públicos".
"Además no puede ocultarse que los Autos favorables a los padres de los juzgados de Albacete y Toledo fueron dictados con la conformidad de los correspondientes fiscales, lo que pone de manifiesto que hay importantes razones jurídicas a favor de la objeción de conciencia que el Ministerio Fiscal no puede desconocer", concluyeron.
