Actualizado 05/02/2018 11:40 CET

Equipo de Gobierno de Puertollano, "convencido" de que el proceso de funcionarización se hizo "ajustándose a la ley"

PUERTOLLANO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) se ha mostrado "convencido" de que el proceso de consolidación de trabajadores municipales que supuso la funcionarización de más de 200 empleados públicos entre los años 2008 y 2010 se hizo "ajustándose a la ley".

En nota de prensa, en respuesta a las denuncias de la plataforma de funcionarios interinos despedidos, que ha informado del inicio de diligencias previas en el juzgado de Puertollano para investigar si se cometieron delitos en el proceso, el equipo de Gobierno ha reiterado su "total respeto a la justicia".

En este sentido, ha recordado que el proceso de consolidación de trabajadores municipales "se llevó a cabo por unanimidad de la Mesa General de Negociación y del Pleno de la Corporación municipal".

"Estamos convencidos que el proceso de consolidación de los 206 trabajadores del Ayuntamiento que eran laborales fijos y laborales indefinidos, y el cese de los exfuncionarios interinos producido en diciembre del año 2011 como consecuencia de la aplicación del plan de ajuste económico financiero (y muchos de ellos a causa de la pérdida de financiación de los convenios que se perdieron con el anterior gobierno de Cospedal), se hizo ajustándose a la ley", subraya el comunicado.

El equipo de Gobierno puertollanero afirma que "este largo proceso de consolidación se inició aproximadamente en el año 2007, culminó en 2010 y contó con el consenso social de todos; se negoció en la Mesa General de Negociación, se llevó al Pleno y contó con el apoyo de la mayoría de los grupos políticos, y también contó con los informes técnicos correspondientes".

También insiste en que "respeta" el derecho de cualquiera a reclamar, "y más si siente que ha perdido de manera injusta su puesto de trabajo o que el proceso de consolidación lesionó sus aspiraciones".

En todo caso, sostiene que "lo mejor" es "dejar que este asunto se resuelva donde tiene que resolverse y que sean los juzgados los que den o quiten la razón a las legítimas reclamaciones de los afectados".

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