Estatuto C-LM.- El Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) rechaza el texto por ser "claramente inconstitucional"

Actualizado: jueves, 9 octubre 2008 20:53

CARTAGENA (MURCIA)/TOLEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Corporación de Cartagena aprobó hoy por unanimidad una moción socialista en defensa del trasvase Tajo-Segura, en la que además rechazan el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha por ser "claramente inconstitucional y atentar contra la unidad de España y contra los intereses generales de toda la ciudadanía española".

Asimismo, la moción solicita a los órganos jurídicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que "emitan un informe sobre la constitucionalidad de determinados artículos del Proyecto de Reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha".

También, exige el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura como factor clave del desarrollo social y económico de la Región, y que el Gobierno de España inicie "inmediatamente" un nuevo trasvase desde el Tajo medio, que satisfaga las necesidades de Castilla-La Mancha y las de la cuenca del Segura, y que "reduzca a su vez la presión sobre la cabecera del Tajo".

Por otra parte, el pleno también aprobó una moción conjunta a favor de la adopción de medidas relacionadas con la negociación sobre la Reforma del Modelo de Financiación Local, asumiendo las propuestas aprobadas por el Consejo Territorial de la FEMP --que engloba a todas las Federaciones Territoriales de Municipios, Provincias, Consejos y Cabildos Insulares-- en la reunión que mantuvo el pasado día 13 de septiembre en la ciudad de Zaragoza.

Entre los principales puntos de la resolución del Consejo Territorial, destacó el garantizar un modelo que permita dotar a los gobiernos locales de una financiación adecuada y suficiente para poder prestar los servicios que le corresponden, así como solicitar del Gobierno el compromiso firme de mejorar la financiación local, incorporando recursos adicionales para las corporaciones locales, según informaron fuentes municipales.

Por último, también se aprobó por unanimidad una moción socialista a favor de una Europa social, de la jornada laboral de 48 horas y de la negociación colectiva, rechazando así la directiva de la Unión Europea que pretende ampliar el tiempo máximo de trabajo semanal a 60 horas con carácter general.