Desvelan que Irizar fue el intermediario, niegan lo dicho por Martínez Guijarro y Padilla, y arremeten contra Riolobos
GUADALAJARA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
El despacho profesional Solano & Martínez de Tejada C.B., que ejercita la acusación particular en representación de ocho de las once familias de las víctimas, en el procedimiento seguido por el incendio de Guadalajara de julio de 2005, precisó hoy que en las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo con la Junta, no buscaron más indemnizaciones sino que la Administración regional pidiera "perdón".
En un comunicado, la acusación particular manifiesta con relación a las negociaciones que tuvieron lugar con motivo de la tramitación judicial que éstas se iniciaron de forma conjunta como consecuencia de una conversación informal celebrada a principios del mes de marzo de 2008 con el ex alcalde de Guadalajara y actual senador del PSOE Francisco Javier de Irizar Ortega, y que versó "sobre la posibilidad de tratar el asunto y analizar las posiciones de las partes afectadas".
Según precisa, una vez que Irizar fue elegido senador por la provincia de Guadalajara, se dirigió a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que "dio el visto bueno para negociar, ya que las conversaciones eran de interés para ambas partes".
"Lo sustancial del acuerdo --agrega-- y así se puso de manifiesto de manera incuestionable, era la obtención del perdón y el reconocimiento de posibles errores en la gestión del incendio, y así se reflejó en los acuerdos primero, segundo y tercero del documento elaborado en fecha 11 de junio de 2008, y en el posterior de 21 de julio de 2008; en el que se produjo un incremento de las cantidades indemnizatorias".
No obstante, el despacho de abogados asegura que las indemnizaciones económicas "nunca fueron el objetivo principal del acuerdo, sino la consecuencia del reconocimiento y perdón que se solicitaría a la Administración Regional, y este extremo, innegociable, fue conocido por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha desde el primer momento".
También apunta que el equipo de letrados jamás ha tenido "contacto directo" con funcionario ni cargo político alguno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, siendo en todo momento el senador Irizar el "mediador", y quien llevó a cabo las negociaciones, y como máximo responsable de la Administración regional, el entonces vicepresidente primero y actual consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata.
NUEVO INTENTO
Argumenta que al no aceptarse la propuesta por algunas de las familias, se efectuó un nuevo intento transaccional sin resultado, ya que "la Junta exigía unanimidad en el acuerdo así como el desistimiento del ejercicio de la acusación". Por ello, siempre según el despacho de abogados, al no conseguirse la unanimidad de las familias, la Administración regional efectuó una nueva oferta económica con un incremento del 15% en la suma indemnizatoria, "si bien exigía que dicha cantidad fuera abonada mediante un simple recibo, sin documento de perdón ni reconocimiento de errores". "Esto fue rechazado de plano por todas las familias", añade.
Así, tras agradecer al senador Irízar su "desinteresada y generosa" intervención como negociador durante todo el proceso indicado, califica de "incierto" lo dicho por Martínez Guijarro, en cuanto al hecho de que las negociaciones se rompieran por exigir las familias más indemnizaciones.
También consideran que no es cierto lo afirmado por la secretaria de Comunicación del PSOE regional, Esther Padilla, sobre que se recibió a las familias por "cortesía", puesto que como se ha reiterado "jamás se ha tenido trato ni contacto alguno con miembros de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha".
Además, respecto de las manifestaciones de la senadora y portavoz del PP regional, Carmen Riolobos, con relación a una presunta "compra de voluntades", las familias manifiestan que esta calificación es "incorrecta y desafortunada".
"Debería de abstenerse de hacer comentarios de este tipo, ya que según se expresa aquí nadie compra ni nadie vende, sino que se trataba de negociar un reconocimiento, un perdón y como consecuencia lógica una indemnización, puesto que este es el único medio que establece nuestro derecho para tratar de resarcir a los perjudicados", resaltan.
Concluye afirmando que el juicio "nunca se celebraría en el Juzgado de Instrucción de Sigüenza", y que "desde la posición procesal que ocupamos, en nombre de nuestros representados y como se ha hecho durante estos cuatro años, seguiremos trabajando en defensa de sus intereses hasta la resolución final del procedimiento".
