ALBACETE, 27 Oct. (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de la la Audiencia Provincial de Albacete ha solicitado tanto al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) como a las autoridades administrativas distintos informes con el fin de recabar la suficiente información como para abrir un procedimiento judicial por el proyecto de urbanización de 'Las Higuericas', en Hellín (Albacete).
Así lo aseguró hoy el fiscal-jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-LM), José Martínez, en el transcurso de una rueda de prensa en la que también admitió que la Fiscalía ha recibido un burofax del Consistorio hellinero en el que su alcalde, Diego García Caro, se pone a disposición del Ministerio Fiscal.
José Martínez aseguró, en este sentido, que todavía no se ha contemplado la posibilidad de que tenga que declarar el primer edil, "pero tampoco está descartada", añadió; a la vez que detalló que la denuncia efectuada por la plataforma Ecologistas en Acción --que también estudia la Fiscalía Anticorrupción-- se dirige contra la empresa urbanizadora, las autoridades competentes en materia de Medio Ambiente y la corporación local hellinera.
El fiscal-jefe del TSJC-LM avanzó que existen otros casos de presuntas irregularidades repartidos por distintos puntos de Castilla-La Mancha y que "muchos de ellos han surgido en el año 2006", aunque se negó a precisar más detalles de los mismos. Sin embargo, declaró que esta Comunidad Autónoma no tiene "situaciones especialmente alarmantes", pese a que también "está sometida a la presión urbanística".
Sobre el caso de la localidad toledana de Seseña, precisó que aunque la investigación ha recaído por el momento en la Fiscalía Anticorrupción, el juzgado competente para incoar un procedimiento es el de Illescas.
JUNTA DE FISCALES.
José Martínez realizó estas declaraciones instantes antes de que tuviera lugar en Albacete el primer encuentro de fiscales de todas las Audiencias Provinciales de la región, en el que las fiscalías trabajaron también en la unificación de criterios a la hora de abordar posibles responsabilidades penales o administrativas en la sobreexplotación de acuíferos y, más en concreto, en el acuífero 23, perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y que ha dado lugar a 15 denuncias en las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Albacete.
El fiscal de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, Jesús Caballero, adelantó que "indiciariamente" podría haber existido delito en las actuaciones de algunos propietarios de pozos por un atentar contra el Medio Ambiente "por extracción abusiva de agua".
