TOLEDO, 12 May. (EUROPA PRESS) -
El nuevo Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, que esta semana aprobó el Consejo de Gobierno, incluye, entre sus novedades, la puesta en marcha de un Instituto Regional de Formación e Investigación y la aplicación de los servicios sociales y la creación de una tarjeta de prestaciones de la Seguridad Social, similar a la tarjeta sanitaria actual.
Así lo avanzó, en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta semana, su portavoz, Isabel Rodríguez, que aseguró que con este texto normativo las prestaciones sociales que existen en la región --como la teleasistencia o la ayuda a domicilio-- pasan a convertirse en derechos de los ciudadanos.
Señaló que esta futura ley irá "más allá" de la Ley de Dependencia, ya que no solo atenderá a estos casos "sino a cualquier persona que se encuentre en una situación de dificultad", y agregó que con ella se cumple uno de los compromisos adoptados por el presidente regional, José María Barreda, durante el último Debate sobre el Estado de la Región.
En cuanto a sus novedades, sobre el Instituto Regional señaló que su función será el desarrollo de las nuevas tecnologías con el fin de mejorar los servicios a los usuarios; mientras que la tarjeta social de prestaciones lleva implícita la adscripción a la misma de profesionales de referencia.
También detalló la regulación de un catálogo de prestaciones sociales desde una perspectiva "casi personal", y un "agrupamiento zonal" en determinados casos en los que los ayuntamientos que no tengan capacidad o suficientes habitantes para prestar estos servicios puedan hacerlo uniéndose en "agrupaciones territoriales", estando prevista la elaboración de un mapa de servicios sociales.
Finalmente, Rodríguez detalló que para introducir criterios de calidad, eficiencia y mejor gestión de los servicios sociales se elaborará un nuevo Plan de Calidad en la prestación de los Servicios Sociales.
El Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, que ha contado con "mucha participación" en su proceso de elaboración, pasará ahora al Consejo Económico y Social (CES) y también a la Mesa del Pacto por Castilla-La Mancha, y después volverá al Ejecutivo para su remisión a las Cortes.
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