La formación presentará mociones contra esta medida e invita a los sindicatos a no apoyarla
TOLEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
El coordinador regional de Izquierda Unida (IU) de Castilla-La Mancha, Cayo Lara, advirtió hoy de que la medida anunciada por el presidente regional, José María Barreda, para crear las Viviendas de Iniciativa Público-Privada (VIPP), pretende "brindar beneficios a unos cuantos empresarios del ladrillo con las garantías de las arcas públicas manteniendo hipotecas abusivas para los jóvenes".
Así lo confirmó Lara, en una rueda de prensa para hablar de la vivienda, en la que dijo que "entendemos que se está produciendo un fraude electoral a los 40.000 demandantes de vivienda que en estos momentos están inscritos en las oficinas de demanda de vivienda de la región".
En este sentido, el coordinador regional de IU aseguró que lo que se pretende con esta medida es suplantar lo que va a ser un "inminente" incumplimiento de la propuesta estrella de la campaña electoral del actual Gobierno de Castilla-La Mancha consistente en construir 50.000 viviendas de protección oficial en la región.
Asimismo, Lara explicó que con el "Plan VIPP" del Gobierno regional el precio de las viviendas de entre 70 y 90 metros cuadrados se situará, en su opinión, en 130.000 ó 150.000 euros, lo que supondrá una subida del metro cuadrado de la vivienda de entre el 43 y el 82 por ciento, teniendo en cuenta los valores actuales del mercado y la actual ley de demanda y oferta.
Por ello, manifestó que "ahora que el precio cae y que los jóvenes no compran viviendas, los empresarios no quieren que funcionen las leyes del mercado, sólo interesan cuando tienen grandes beneficios y si no, quieren que intervenga el Gobierno, por lo que la ley se utiliza en función de los intereses que se quieren proponer en cada momento".
De igual modo, acusó a Barreda de llevar a cabo un discurso social y de izquierdas durante la campaña electoral y cambiarlo por actuaciones de derechas en la legislatura "para favorecer la parte más ambiciosa del empresariado de Castilla-La Mancha".
Así, recordó que en el 2005 solamente el 6,34 por ciento de las viviendas construidas fueron de protección oficial, mientras que el 93,56 por ciento restante fueron privadas conforme a la ley de la oferta y la demanda.
ALTERNATIVA.
Por otro lado, Lara propuso, como alternativa a las VIPP, a la compra por parte de Gobierno regional de las viviendas a los empresarios que actualmente nos las pueden vender, para convertirlas en viviendas de protección oficial y que se puedan poner así a disposición de los jóvenes castellano-manchegos demandantes de las oficinas de registro.
De esta manera, según Izquierda Unida "los empresarios tendrán que ganar un poco menos pero se limpia el parque de viviendas vacías y así el Gobierno empieza a cumplir sus compromisos. Los empresarios que no quieran hacerlo que asuman las reglas del mercado".
Asimismo, el coordinador regional exigió a la Junta que cumpla su compromiso y que cuanto antes establezca la Ley de Garantías y promueva la ejecución de 50.000 viviendas tanto en régimen general, especial como en alquiler.
En este sentido, instó a que se intensifiquen los planes integrales de empleo de los ayuntamientos para que una parte del sector de la construcción que se queda en paro pueda acceder a un trabajo.
"El paro no se resuelve con este modelo productivo, no lo soporta esta economía, tiene que haber una inversión de fondo del Gobierno para invertir en otros sectores y poder invertir el modelo de desarrollo tanto en el País como en la región", apuntó.
Por último, Lara anunció la presentación de mociones en aquellas instituciones en las que IU esté presente en contra de esta nueva tipología de vivienda e hizo una llamada a los sindicatos para que no apoyen la medida de la Junta por no defender los intereses de los trabajadores.
