TOLEDO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo se muestra preocupado por la situación del mercado de vivienda en Toledo, ya que son numerosos los informes que revelan que la ciudad presenta un déficit de vivienda y a un precio difícilmente accesible, 794 euros mensuales según informes de la propia EMV, para la mermada economía de muchos jóvenes y familias que padecen además los efectos de un contexto inflacionista como el que vivimos.
Ante esta situación y tras la negativa hecha pública por el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, a solicitar para Toledo la declaración de Zona Tensionada de vivienda, el portavoz municipal de Izquierda Unida, Txema Fernández, considera una "cobardía y una irresponsabilidad institucional" impedir así que los toledanos y toledanas puedan ejercer su derecho constitucional de acceso a la vivienda.
"No solicitar esta declaración es impedir el acceso a la vivienda a gran parte de la población a la que dice que representa, es cerrar la puerta a un derecho fundamental de una forma irresponsable y hasta cruel, permitiendo que los grandes tenedores campen a sus anchas en la ciudad de Toledo", ha reprochado Fernández, según ha informado el partido.
Por eso, desde Izquierda Unida se va a defender en el próximo pleno una moción con el objetivo de hacer ver al equipo de Gobierno que la falta de políticas en favor de la vivienda social y asequible no se solucionan con declaraciones de proyectos a futuro si no con acciones más inmediatas, y una de ellas es declarar al municipio de Toledo "zona de mercado residencial tensionado" para poder establecer topes al alquiler.
"Es sensato, responsable y nos pondríamos del lado de quienes lo necesitan que, además, esperan que sus administraciones se pongan de su lado en los momentos complicados y que ejecuten sus decisiones con responsabilidad; otra cosa sería dar la espalda", ha detendido Txema Fernández.
El concejal de Izquierda Unida recuerda que en Toledo, y según datos del INE, existen alrededor de 3.500 viviendas vacías que podrían salir al mercado con la declaración de Zona Tensionada que establece beneficios fiscales para los propietarios.
Así se fijan deducciones de hasta el 90% en la cuota del IRPF que pagan si rebajan el precio del alquiler un 5% ó del 70% si lo alquilan a jóvenes de entre 15 y 35 años.
Además, la ley permite la modificación de las ordenanzas municipales para que los Ayuntamientos puedan incluir un recargo en el IBI a las viviendas vacías de entre un 50 y un 150%.
Advierte Txema Fernández de las graves dificultades que se están dando en la ciudad puesto que la media del alquiler se sitúa, según un informe de la EMV de 2022, en 794 euros al mes mientras que el salario medio de las mujeres es de menos de 17.761 euros, por lo que se ven obligadas a destinar la mitad de su salario anual a la vivienda, a lo que además hay que unir el gasto en suministros.
"Y aún más grave es la situación para los jóvenes cuyo salario medio no llega a los 15.000 euros", ha alertado, apuntando que la Ley por el Derecho a la Vivienda determina que para poder declarar una zona tensionada la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, ha de suponer más del 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares.
Por eso, desde Izquierda Unida consideran que la negativa del alcalde a solicitar la declaración de zona tensionada es, "de facto, impedir el acceso a este derecho humano esencial, cerrar la puerta a que una gran parte de la población pueda acceder a una vivienda".
