TOLEDO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, anunció hoy que la Junta de Comunidades prevé que el primer concurso público para la selección de entidades promotoras que se encargarán de construir las primeras Viviendas de Iniciativa Público Privada (VIPP) se convoque antes de que finalice el mes de diciembre.
El Consejo de Gobierno ha autorizado, a propuesta de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, la firma de un convenio con la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A. (GICAMAN) para la selección de entidades promotoras y la adquisición de Viviendas de Iniciativa Público Privada (VIPP).
Esta nueva tipología de viviendas, contemplada en el Pacto por la Vivienda de Castilla-La Mancha, está regulada en el Decreto 109/2008 de medidas para la aplicación del Pacto y con ellas se persigue un doble objetivo: facilitar una vivienda a las personas inscritas en el Registro de Demandantes y mantener la actividad del sector.
En rueda de prensa, para dar cuenta de los acuerdos aprobados esta semana por el Consejo de Gobierno, Rodríguez explicó que se prevé que en dos años estén terminadas las primeras Viviendas de Iniciativa Público Privada, de unos 70 metros cuadrados, cuyos precios oscilarán desde los 98.000 euros hasta los 140.000.
Son viviendas que se construyen a iniciativa privada y en suelo privado y en aquellos lugares donde esté existiendo demanda de vivienda en estos momentos. Además, esta medida, pretende facilitar el acceso a la vivienda a aquellas personas que lo están demandando en este momento, activar la economía y mantener los empleos en el sector de la construcción.
A través de GICAMAN, mediante un concurso público, se seleccionará a las entidades promotoras y la adquisición de las VIPP. En esta primera fase se ha fijado en 1.000 el número de viviendas a construir, y se harán en los municipios donde exista mayor número de demandantes de viviendas. En la región existen 48.000 demandantes inscritos actualmente.
Una vez seleccionados los proyectos la Junta firmará convenios con cada una de las promotoras y se establecerá un plazo máximo de inicio de las obras y finalización. De cada promoción la promotora adjudicará por sus propios medios hasta el 30 por ciento de las viviendas y el resto serán adjudicadas a los demandantes propuestos por la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.
Si transcurrido un año desde la licencia de primera ocupación todavía quedaran viviendas sin vender las adquiriría el Gobierno para ponerlas en alquiler o en régimen de alquiler con opción a compra. Para Rodríguez, esta medida "es una buena noticia para nuestra economía" y aseguró que permitirá que unos 3.000 trabajadores sigan manteniendo su empleo.