La Junta de C-LM no aceptará las competencias de Justicia "hasta que no lleguen con la financiación adecuada"

GUADALAJARA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha asegura que no aceptará las competencias de Justicia "hasta que no lleguen con la financiación adecuada", y eso ocurrirá "cuando tengamos una dotación razonable de recursos humanos, y cuando podamos paliar las deficiencias históricas que tenemos en recursos materiales".

Así se expresó la consejera de Administraciones Públicas y Justicia, Magdalena Valerio, en declaraciones a los medios, ante los que reconoció que el Gobierno regional está de acuerdo con el informe emitido esta semana por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) exigiendo más recursos humanos y materiales.

"Somos plenamente conscientes de esas carencias, y así se lo hemos trasladado al ministro de Justicia, Francisco Caamaño", puntualizó Valerio. Asimismo, señaló que, en estos momentos, Castilla-La Mancha está "a la cola de todas las comunidades autónomas en cuanto al número de jueces por cada 100.000 habitantes".

Concretamente, según la consejera de Justicia, la media nacional en ese ratio está en diez jueces, "mientras que en nuestra región se coloca en el 8,4".

En el caso de la provincia de Guadalajara, la consejera subrayó que las condiciones son "especialmente graves", ya que "hay muchos problemas, sobre todo en el Juzgado de lo Mercantil, por el aumento de los Concursos de Acreedores".

En este sentido, anunció que se va a reforzar dicho Juzgado "con el traslado de la juez de Molina de Aragón, la contratación de una secretaria judicial y prolongando la jornada laboral del resto de personal".

La consejera de Administraciones Públicas y Justicia hizo estas declaraciones durante una visita a Guadalajara para inaugurar unas jornadas formativas, organizadas por la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha y subvencionadas por la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, para proporcionar mayor seguridad jurídica a los cargos municipales en su actividad diaria y promover una mejor prestación de servicios públicos a la ciudadanía.