TOLEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, rechazó hoy realizar algún pronóstico de cara al número de desempleados que podría llegar a alcanzar la región en un futuro próximo, y pidió que el pleno del próximo lunes, 9 de febrero, no sea para "lanzar armas arrojadizas" entre grupos políticos, sino para reflexionar, "con datos objetivos encima de la mesa".
A preguntas de los medios en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, Rodríguez subrayó que Castilla-La Mancha es la tercera comunidad en la que menos ha crecido el número de desempleados, "aunque no es un dato bueno", y señaló que, seguramente, "pronto tocaremos fondo, y ahí volveremos a repuntar, como en cualquier crisis".
Por este motivo, instó a ambos grupos políticos a poner en marcha todos los recursos disponibles, con el objetivo de "trabajar, trabajar y trabajar" para mejorar la situación de los ciudadanos, porque el Gobierno de Castilla-La Mancha acudirá, advirtió, con toda la información que dispone desde la Consejería de Trabajo y Empleo, y "dispuesto a escuchar propuestas".
Preguntada por la decisión del Gobierno central de instar a los bancos y cajas de ahorro a hacer un esfuerzo para conceder créditos a las pymes y familias, Isabel Rodríguez reconoció que no es al Gobierno de Castilla-La Mancha al que le toca defender la buena o mala gestión de las entidades de la región.
No obstante, recordó que Caja Castilla La Mancha y Caja Guadalajara "son las entidades que más créditos están dando en el mercado", aunque también puso de relieve que existen otras entidades financieras en la región que están atendiendo a empresas castellano-manchegas.
FACTURAS DE LA LUZ
Finalmente, Rodríguez explicó que los problemas que están surgiendo con los recibos de la luz se deben a una laguna legislativa en la reforma de la Ley nacional, que preveía que las empresas podían hacer estimaciones acerca del consumo. Todo está centralizado en el Instituto de Consumo, indicó, y se está desviando, en el caso de Castilla-La Mancha, a la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente.
Aunque no supo arrojar datos en cuanto al número de personas que han acudido a reclamar, o sobre las medidas que se están llevando a cabo, supuso que el siguiente paso será "pedir a las empresas que devuelvan el dinero a las personas".
