TOLEDO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Ejecutivo central de autorizar varios contratos de cesión de derechos entre las comunidades de regantes del Canal de Estremera y La Poveda, en Madrid, y 22 comunidades de regantes integradas en el Sindicato Central de Regantes del acueducto Tajo-Segura (Scrats).
Así lo ha indicado en la rueda de prensa para dar a conocer los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno el portavoz regional, Nacho Hernando, quien ha apuntado que el Ejecutivo castellano-manchego ha encontrado cinco argumentos jurídicos en contra de la autorización de estos derechos.
En concreto, ha señalado que hay "una improcedencia" en la cesión de estos derechos al haber obras de transformación incluidas dentro del Plan de Inversiones del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo y al haber sido declaradas estas zonas de interés regional.
"Es decir, resulta injustificable que por un lado se diga que es necesario invertir dinero público para que el riego sea eficaz y que, a su vez, se intente argumentar que no es necesario y que se puede ceder el agua que se iba a destinar esta zona", ha sostenido.
El Gobierno de Castilla-La Mancha también entiende que ha habido una vulneración del principio de preferencia de la cuenca cedente, "ignorando la Ley del Plan Hidrológico Nacional, que indica que debe garantizarse en todo momento el carácter preferente de la Cuenca del Tajo".
En tercer lugar, según el Ejecutivo castellano-manchego, se ha vulnerado el derecho de adquisición preferente del organismo de cuenca en la cesión de estos derechos y no consta en el expediente que se haya dado traslado a la Consejería de Fomento de la Junta de la solicitud de cesión de derechos.
A ello ha unido Hernando que se ha producido una "omisión de solicitud" del informe a la Administración de Castilla-La Mancha, "pudiendo haber consecuencias jurídicas por la omisión de un dictamen perceptivo como la anulación de las actuaciones dado su carácter no convalidante", ha argumentado.
Por último, ha dicho que con esta autorización se ha incurrido en un "exceso de volumen autorizado", ya que la ley determina que el volumen máximo de cesión es de 3,7 hectómetros cúbicos cuando se han cedido 13,3, "cuatro veces más".
