Recomienda no abusar de la contratación temporal, pues en 2008 se despidió al 55% de desempleados en C-LM al expirar su contrato
TOLEDO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las oficinas del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha tramitaron durante 2008 un total de 2.724 quejas, así como 1.309 consultas, un dato muy elevado si se compara con los resultados de 2007, año en el que se tramitaron 723 quejas y 1.107 consultas.
Así lo avanzó el Defensor del Pueblo regional, José Manuel Martínez Cenzano, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que explicó que son cifras "en las que estamos trabajando ahora mismo", ya que el informe oficial sobre el ejercicio pasado se presentará en las Cortes regionales a comienzos de verano.
No obstante, resaltó que el número de resoluciones, con recomendación o sugerencia, que se admiten por parte de las administraciones afectadas "se mantiene en elevados porcentajes", alcanzando el 74,83 por ciento, lo que, a su juicio, quiere decir que "con una resolución puntual que resuelva o pretenda resolver un problema estrictamente individual, podemos obtener un resultado que tenga carácter general y mejore la calidad de los servicios en ese ámbito formidable que supone la garantía de los derechos fundamentales de las personas en su trato con las administraciones".
En la misma línea, Martínez Cenzano explicó que durante 2008 se tramitaron 31 consultas en el área de Trabajo, la mayoría motivadas por el retraso en el pago de prestaciones, por lo que "técnicamente, no puede decirse que la crisis haya tenido un efecto real en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), al menos en lo que a Castilla-La Mancha se refiere, puesto que, de las 59.000 personas que han quedado en situación de desempleo desde que comenzó esta etapa de retroceso económico, sólo 2.000 --un 3,5 por ciento-- han sido despedidas por medio de ERE".
Otra razón que motiva sus reflexiones en este área, pasa porque, además, "en la práctica totalidad de las ocasiones, los ERE se han llevado adelante con el acuerdo de empresarios y sindicatos".
Lo que sí destacó Martínez Cenzano, como una connotación negativa para el empleo de la región, es que "el 55 por ciento de los desempleados hayan sido despedidos a través de la extinción de sus contratos temporales, lo que me lleva a pensar que el empleo temporal es una modalidad legal de contratación de la que no conviene abusar", por todo tipo de consideraciones, incluidas las económicas.
GESTIÓN DE LA CRISIS
Preguntado por su punto de vista sobre la situación de crisis económica, el Defensor del Pueblo castellano-manchego, que describió a esta coyuntura como "la crisis de la codicia y la desconfianza", lamentó que el "efecto más perverso" se esté dejando notar sobre las personas que trabajan "ajenas a los movimientos especulativos".
Los responsables de dichos movimientos consolidaban sus ganancias sin preocuparse por el "trágico efecto que sus acciones podían tener a miles de kilómetros de distancia", critica Martínez Cenzano. El panorama, para el Defensor castellano-manchego, presenta una serie de repercusiones que aparecen a raíz de que la crisis produce una caída del sistema.
Con esta caída "los bancos desconfían unos de otros, guardan los dineros que obtienen del rescate planteado por el Estado para poder pagar sus deudas sin poner en riesgo su propia subsistencia, y el dinero de todos no llega a los pequeños empresarios que, en muchos casos, sobreviven sólo con los créditos que deben renovarse", lamentó.
Ante este panorama, Martínez Cenzano aventuró que la salida de la crisis, a su juicio y "aunque parezca una utopía", sólo tiene un angosto camino, que pasa por "la recuperación de los valores que son propios del Humanismo".
TARIFAS ELÉCTRICAS
Respecto a las tarifas, "desproporcionadas" según las organizaciones de consumidores, que están registrando las empresas eléctricas en sus facturas, Martínez Cenzano explicó que la oficina ha recibido, entre 2008 y lo que va de 2009 "nada menos que una queja colectiva con más de 1.500 firmas", además de un centenar de quejas presentadas a título particular, que han sido derivadas al Defensor del Pueblo de España.
No obstante, subrayó que la oficina no se lava las manos, por eso trasladaron a la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, responsable de la problemática en la región, la preocupación de la ciudadanía, así como sugirieron algunas actuaciones.
Según explicó, a principios del mes de julio de 2008 entró en vigor la desaparición de la tarifa nocturna, lo que "derivó en la necesidad de cambiar los contratos de miles de abonados, con la lentitud de gestión que eso ha generado y el encarecimiento de sus facturas mientras no se solucionaba el trámite y el cambio se hacía efectivo".
Por otro lado, desde el 1 de enero de 2009, el Gobierno autorizó a las eléctricas para la tarifación mensual, "pero llevando a cabo sólo una lectura del consumo cada dos meses, y cobrando el otro por estimación". Este escenario, a su juicio, es el que ha derivado en las situaciones "tan paradójicas" que algunos ciudadanos han sufrido en sus recibos.
En el caso particular de los agricultores y ganaderos, Martínez Cenzano explicó que la modificación de la tarifa eléctrica ha hecho que sea "de los sectores más perjudicados".
MEJORAR LA SEGURIDAD
No obstante, de entre las quejas más comunes que se registran por parte de este colectivo destacan otras más relacionadas con la falta de seguridad en determinadas zonas de la región. En todo caso, explica que "hace unos días tuve la oportunidad de departir sobre este asunto de la seguridad en zonas rurales con el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz Cano, quien me aseguró que está funcionando una estrategia consensuada con los agentes sociales para incrementar la vigilancia en esas zonas y mejorar la seguridad de personas y bienes".
La Oficina del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha también recibió el año pasado en torno a 350 quejas de agricultores planteando su disconformidad con la política de agua de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y con sus resoluciones en materia sancionadora y de legalización de pozos.
En otro orden de cosas, sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha en las Cortes generales, su opinión se basa en uno de los títulos del proyecto del Estatuto vinculado a los derechos de la ciudadanía. "Parece una obviedad decir que, reconocido el derecho de la gente a vivir aquí, sería un brindis al sol si no hubiese una decidida política en defensa de aquellos elementos que constituyen las bases para la supervivencia", es decir, que "uno de los elementos imprescindibles --para Martínez Cenzano-- es la garantía de que en Castilla-La Mancha tenemos agua suficiente para beber, pero también para regar y para el mantenimiento del ecosistema que nos rodea".
Por tanto, que el Estatuto se configure como el motor de este debate "me parece positivo en la medida en que confío en la capacidad del ser humano para llegar a acuerdos, sobre todo en un momento en el que las políticas de sostenibilidad deben imponerse a aquellas otras que propongan un escenario en el que la inmediatez evite estrategias de largo alcance".
Si los modelos matemáticos que se manejan ahora mismo se cumplen, como ya ha ocurrido otras veces, "en un periodo de tiempo relativamente corto el 50 por ciento de la provincia de Albacete y el 38 por ciento de la provincia de Cuenca, por poner un ejemplo, serán desérticos", alertó el defensor.
