22 de febrero de 2020
 

El contrato de basuras adjudicado a Sufi era nulo de pleno derecho


Actualizado 10/02/2015 10:49:01 CET

MADRID/TOLEDO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Dos peritos de la Intervención General del Estado (IGAE)  se han ratificado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el informe en el que sostienen que el contrato de basuras adjudicado a Sufi, filial de Sacyr, por el Ayuntamiento de Toledo era "nulo de pleno derecho". La decisión la aprobó la Junta de Gobierno de Toledo del PP en mayo de 2007 y la ratificó en noviembre de ese año el nuevo equipo de Gobierno del PSOE.

   Ese contrato, que según Bárcenas se otorgó en 2007 a cambio de una supuesta donación de 200.000 euros, se elevó en 11,3 millones de euros "omitiendo el procedimiento legalmente estableciendo y careciendo de los informes preceptivos, por lo que se podría considerar nulo de pleno derecho", según la IGAE.

   Los expertos han confirmado así ese informe que subrayaba que ese contrato pasó en dos meses de costar 6,13 millones a las arcas públicas a 17,4 millones de euros por la necesidad de actualizar el convenio colectivo de los trabajadores de la empresa.

   En su declaración ante el juez Ruz del pasado 15 de julio Bárcenas vinculó este contrato a una donación de la compañía, filial de Sacyr, para sufragar la campaña de la candidata del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal. El extesorero dijo que las entregas de dinero que recibía el PP "jamás fueron finalistas, salvo una, en Castilla-La Mancha".

   El contrato investigado contemplaba la recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y transporte al centro de tratamiento en todo el término municipal de Toledo. La Junta de Gobierno de la Ciudad, controlada por el PP, lo aprobó en diciembre de 2006 por un coste de 6,13 millones de euros.

   Sin embargo, el 23 de mayo de 2007, cuatro días antes de las elecciones autonómicas y municipales de ese año y tras un conflicto laboral, el Gobierno local, dirigido por José Manuel Molina (PP), modificó el convenio colectivo de los trabajadores para que se introdujeran "incrementos salariales por encima de los índices de revisión de precios de la concesión", lo que provocó la "modificación del precio del contrato". Finalmente, fue ratificado en noviembre de ese año el nuevo equipo de Gobierno del PSOE.