PSOE no descarta la vía penal por el "continuo incumplimiento" de la ley en el Ayuntamiento de Miguel Esteban (Toledo)

TOLEDO, 29 Nov. (EUROPA PRESS)

El PSOE de Miguel Esteban (Toledo) advirtió hoy de que no descarta acudir a la vía penal para investigar la acciones políticas del ex alcalde, Marcelino Casas, y del actual regidor, Pedro Casas, como consecuencia del continuo "incumplimiento de la ley" en el Ayuntamiento.

En rueda de prensa, el viceportavoz del PSOE local, Santos Ochoa, denunció que Marcelino Casas "se ha enriquecido" con la compra por 15.000 euros de unos terrenos urbanizados por el Ayuntamiento para la construcción de un Instituto de Educación Secundaria en 1998, cuando actualmente tienen un valor alrededor 600.000 euros.

Así, explicó que el pleno aprobó en un principio la cesión de unos terrenos de 10.000 metros cuadrados para la edificación de un IES, que fue rechazado 10 días después para abrir un concurso público para la compra de un solar, que finalmente recayó sobre un terreno de 7.150 metros cuadrados de una empresa particular.

Además, dijo que el solar adjudicado no reunía las condiciones adecuadas, tras dos estudios geotécnicos, lo que incrementó el coste final del proyecto, así como la "suspensión del acuerdo" por parte de la Consejería de Obras Públicas tras la reclasificación de suelo industrial a residencial.

Asimismo, Ochoa apuntó que la Justicia desestimó una demanda por daños y perjucios interpuesta por el ex alcalde contra el PSOE local, tras la publicación de un artículo en la revista interna del partido sobre la adquisición de este terreno donde se pretendía ubicar el IES.

En este sentido, reclamó a la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, y al secretario regional, Vicente Tirado, "que tienen perfecto conocimiento de lo que ocurre", un pronunciamiento sobre este asunto, pues sino serán "cómplices", ya que en el Ayuntamiento de Miguel Esteban "estamos en las antípodas de la Democracia".

ACTUAL ALCALDE.

Por su parte, el portavoz del PSOE de Miguel Esteban, Miguel Ángel Jiménez, quien indicó que el secretario provincial del PSOE, Emiliano García-Page, conoce esta situación, anunció que propondrá que el actual alcalde y el anterior restituyan "de su propio bolsillo" los pagos no efectuados a la Administración Pública por tener a 28 personas sin estar dados de alta en la Seguridad Social como empleados del Ayuntamiento.

Señaló que esta situación "se hizo de manera dolosa", con las observaciones en contra del secretario municipal, pues --añadió-- cuando se elaboraban los presupuestos municipales para el ejercicio siguiente se incluía una partida para la Seguridad Social para este personal, "pero no la cobraba nadie".

También denunció que el alcalde emitió un decreto de Alcaldía donde prohibía informar a la oposición sobre cualquier asunto sin su previa supervisión, un hecho que dijo incumple el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento.

Así, explicó que el equipo de Gobierno, al inicio de la Legislatura, no ha accedido a la presentación de los cuatro libros contables ni de las cuentas públicas de 2002 y declaró que les dieron la respuesta de que "no tienen medios" y que son "documentos de difícil petición".

Además, criticó que también les niegan expedientes en materia urbanística donde se ha reclasificado suelo rústico a industrial, el listado de las personas agraciadas con una cesta de Navidad, la negación de hacer preguntas orales en los plenos municipales y la expulsión de un representante sindical del Ayuntamiento como una "venganza personal", ya que es hermando de un concejal.

Finalmente, Jiménez subrayó que la Fiscalía de Toledo investiga actualmente dos denuncias; una interpuesta por Comisiones Obreras sobre los 23 trabajadores contratados sin cotizar a la Seguridad Social y otra del PSOE sobre la "denegación constante de información", prevaricación y cuestiones urbanísticas.