Reclaman medidas equiparables a las víctimas del terrorismo por los 16 trabajadores fallecidos en la región

TOLEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de Toledo (AVALTO) reveló hoy que en el trascurso de este año, el número de trabajadores fallecidos en Castilla-La Mancha asciende a 16, de los cuales, nueve víctimas pertenecían a la provincia, al tiempo que reclamó "medidas equiparables a las víctimas del terrorismo".

El presidente de AVALTO, Manuel Prior, junto a la miembro de la Junta Directiva de la misma, Antonia Rodríguez, advirtieron de que "el mayor responsable de los accidentes laborales es el empresario, para el que pedimos la cárcel, en caso de que no cumpla la normativa vigente de seguridad, ya que si no se castiga, la siniestralidad laboral continuará".

Del mismo modo, Prior apeló a la concienciación de los trabajadores para que cumplan con las normas de seguridad, "como parte de sus obligaciones, para evitar que las cifras del año pasado, que situaban a la región como la segunda Comunidad del país con mayor siniestralidad, al sumar 81 muertos, se repitan".

AVALTO, que suma alrededor de 30 socios y que nació el pasado año, a raíz del contacto con la Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Zaragoza (AVAEL), mantuvo reuniones con diversos sindicatos, entre ellos, con el secretario regional de CCOO, José Luis Gil, y con el secretario de la provincia de Toledo de UGT, Rubén Martín, para "tratar el gran problema y aportar medidas".

ACTIVIDADES DE AVALTO.

Prior advirtió de que para llevar a cabo todas las actividades que propone la Asociación, "se necesita un mayor presupuesto y el doble de voluntad" y puntualizó que el objetivo de AVALTO es llegar "a todos los sitios para evitar silenciar la siniestralidad laboral".

Para ello, AVALTO organizó el pasado mes cinco charlas dedicadas a los últimos módulos de Formación Profesional en los Institutos de Educación Secundaria (IES) de El Greco, del Azarquiel y en la Universidad Laboral, en las que les acompañaron tanto UGT como CCOO.

Asimismo, Prior anunció las "entrevistas pendientes" solicitadas al alcalde de Toledo, Emiliano García-Page; al presidente regional, José María Barreda, así como al presidente del Gobierno y al ministro de Trabajo, en las que "se reclamarán ayudas equiparables a las que tienen las víctimas de la violencia de género y del terrorismo".

PREVENCIÓN EN LA CONCIENCIACIÓN SOCIAL.

AVALTO puntualizó que la alta temporalidad, que en la región se sitúa por encima del 30 por ciento, la inmigración; las subcontratas; los contratos temporales; el salario mínimo por debajo de 1.000 euros, y las jornadas de 12 o 14 horas, llevan a la precariedad laboral y ésta a la siniestrabilidad.

La encuesta del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, refleja, como informó Prior, que el 70 por ciento de los trabajadores fallecidos, no habían recibido ningún tipo de formación en la prevención de riesgos laborales.

Por ello, la Asociación apuesta por la concienciación social como "el único medio para paliar estas cifras", al tiempo que opinó que "no se hace de forma adecuada a la vista del resultado" y concretó que la prevención "es el arma del futuro, siempre que sea constante y esté vigilada a todos los niveles".

"No existe la justicia laboral para los trabajadores, --continuó Prior-- y las sanciones a los empresarios incumplidores deberían de ser más severas". En la región, "cada día existen más inspectores, pero a pesar de esto, se debe extender la formación de los trabajadores, porque no conseguimos bajar el número de accidentes".

Para este año, AVALTO tiene prevista una campaña de concienciación social, que se recogerá en varios folletos con un resumen de las medidas y los derechos de los trabajadores y que se repartirán por diversas empresas.

ACUERDO HASTA 2012.

Recientemente se firmó en Toledo el acuerdo estratégico para la prevención de accidentes laborales, que estará vigente hasta 2012 y por el que AVALTO desea que "se reduzca de forma generosa el número de víctimas".

El acuerdo fue una petición a la consejera de Trabajo, María Luz Rodríguez, para promover la implantacion de medidas de apoyo a las vítimas de accidentes o enfermedades laborales en el entorno familiar, para su reinserción juridica y socia.