Sánchez Pingarrón recuerda que el Pacto por la Vivienda no soluciona la crisis, sino que sirve para "paliar sus efectos"

TOLEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, aseguró hoy que "en ningún caso" el Pacto por la Vivienda de Castilla-La Mancha, por el que se desarrolla la nueva tipología de Viviendas de Iniciativa Público-Privada (VIPP), solucionará la crisis económica en la región, sino que es una medida más "para paliar los efectos de la crisis".

Sánchez Pingarrón hizo estas aseveraciones durante un desayuno informativo, celebrado hoy en Toledo, en el que también invitó a todos a "poner un granito de arena" para combatir contra los efectos de la crisis económica internacional.

De este modo, el consejero hizo un repaso por los diferentes objetivos que se pretenden alcanzar con el Pacto por la Vivienda en Castilla-La Mancha, al que se adhirieron inicialmente CCOO, UGT, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), y CECAM, así como el Consejo de la Juventud, la Asociación Nacional de Constructores (ANCI) o la Federación Regional de Empresas Constructoras de la región (FERECO).

Entre estos objetivos, Sánchez Pingarrón destacó que los principales son ofrecer una vivienda a las 48.000 personas inscritas en el Registro de Demandantes de Castilla-La Mancha; incentivar la actividad del sector de la construcción y de sus industrias auxiliares; definir entornos urbanos saludables, mediante la planificación y el control urbanístico, y promover la calidad de la edificación, la eficiencia y el ahorro energético.

Así, explicó que el pasado 29 de julio, el Consejo de Gobierno aprobó este nuevo Decreto, consensuado por los componentes de la Mesa de seguimiento del Pacto, por el que se recoge un conjunto de medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda. Esta misma Mesa, se reunirá en septiembre, fecha en la que se establecerá, de forma consensuada, el calendario de actuaciones.

Entre ellas, explicó que esta nueva tipología de VIPP, son viviendas de nueva construcción, y se construyen "sólo donde hay demanda", ya que se requiere la suscripción previa de un convenio entre el promotor y la Junta. Su precio máximo está limitado, como mucho un 10 por ciento más caras que las Viviendas de Protección Oficial (VPO), es decir, se estaría hablando entre 98.000 y 144.000 euros por vivienda.

Además, la Junta sólo garantizaría la compra del 70 por ciento de la construcción, es decir, la compra del 30 por ciento restante deberá gestionarlo el propio promotor.

Asimismo, con el Decreto 109/2008, se adecua el sistema de selección de adjudicatarios de vivienda, estableciendo el sorteo como procedimiento normal de adjudicación de vivienda, y la adjudicación por antigüedad en el registro, para las viviendas vacantes.

Con ello, Castilla-La Mancha se suma además a la posibilidad, establecida por el Gobierno central, de que las viviendas libres en construcción o con un año de antigüedad puedan solicitar su calificación como viviendas protegidas, "siempre que cumplan los requisitos técnicos y rebajen los precios al nivel de la vivienda protegida".

En este sentido, el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda aclaró que la Junta de Comunidades garantizará la compra en el caso de que a la persona a la que inicialmente se le adjudica la vivienda decida, "por diversas razones, como por ejemplo que se traslada de ciudad", no finalizar el contrato de compra, y además no se consiga encontrar otro adjudicatario.

En este caso, "la Junta adquirirá la vivienda, que incorporaría al Parque Público de la región, que actualmente cuenta con 15.000 viviendas", añadió, pero "en ningún caso se comprarán viviendas ya terminadas", aseveró Sánchez Pingarrón.

REFORMA LOTAU

En la misma línea, el consejero informó de los detalles de la reforma de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística (LOTAU) que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha tomó en consideración en una reunión extraordinaria celebrada esta misma semana.

La propuesta de reforma persigue los objetivos de agilizar la tramitación de los expedientes urbanísticos, eliminando trámites en las pequeñas modificaciones de planeamiento; resumiendo en un informe único todos los informes sectoriales de las diferentes consejerías, y unificando en un sólo periodo, de 45 días, el plazo de información pública a efectos urbanísticos y de evaluación medioambiental.

Asimismo, se pretende dar mayor transparencia y seguridad jurídica en los procesos urbanísticos, introduciendo un artículo por el que todos los ciudadanos podrán solicitar y obtener información y ejercer acciones para exigir el cumplimiento de la legislación urbanística; estableciendo límites a los convenios urbanísticos y exigiendo detallar el desarrollo del plan, y finalmente, exigir la notificación formal e individual a los titulares de los derechos afectados por las actuaciones urbanísticas.

También se pretende incrementar las reservas de suelo para vivienda protegida. Así, se extiende la obligación de reserva de suelo destinado a vivienda protegida, que ahora sólo afectaba a los municipios de más de 10.000 habitantes, a todo el resto de municipios menores de 10.000 habitantes, que deberán reservar, al menos, el 30 por ciento del suelo para viviendas protegidas.

Con el fin, según apuntó Sánchez Pingarrón, de crear reservas de suelo para viviendas protegidas o actuaciones de suelo industrial, se crean nuevas figuras de planeamiento. También se regulará la creación de viviendas dotacionales públicas para alquiler, dirigidas preferentemente a jóvenes.

Finalmente, se deberá impulsar la adaptación a la LOTAU de los planes municipales. A los municipios cuyo planeamiento se rige por normas anteriores, que inicien su adaptación en el plazo de dos años, se les facilitará que puedan desarrollar actuaciones industriales; y se establecerá un procedimiento de adaptación rápida de los planes municipales anteriores a la LOTAU. A su vez, estas medidas van acompañadas de ayudas a los municipios para contratar los equipos de redacción de planeamiento.

OTRAS ACTUACIONES EN VIVIENDA

De otro lado, Sánchez Pingarrón resaltó otras medidas que se llevan a cabo dentro de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, aprobadas por el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado esta semana, como son actuaciones en polígonos industriales en 15 municipios de la región. Para ello, el Ejecutivo acordó en su última reunión extraordinaria destinar 62,2 millones de euros para promover la urbanización de 3,3 millones de metros cuadrados de suelo industrial.

Con ello, la Empresa Regional del Suelo y Vivienda de Castilla-La Mancha (ERES-CLM), que se creó mediante ley este mismo año, inicia sus actuaciones en materia de suelo.

También destacó el aumento de la deducción fiscal por compra o rehabilitación de Vivienda en un 20 por ciento, una medida de la que se pueden beneficiar unos 250.000 ciudadanos; la construcción de 1.616 viviendas protegidas en varios municipios de la región; y la rehabilitación de viviendas con el objetivo de potenciar la recuperación del patrimonio urbano y de sus inmuebles.

Asimismo, recordó que Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma donde más solicitudes de ayuda de Renta Básica de Emancipación se han resuelto, concretamente 6.695, tan sólo detrás de Cataluña y Castilla y León, e informó que continúan los trabajos de puesta en marcha del Barrio Avanzado de Toledo, que se construirá sobre una superficie de 35 hectáreas para la edificación de 2.000 viviendas.