TOLEDO, 16 Mar. (EUROPA PRESS)
El secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra confirmó hoy la "clara voluntad política" del Gobierno central y del de Castilla-La Mancha de cara a una asunción de las transferencias de Justicia, de modo que se lleve a cabo a lo largo de esta legislatura.
Esta voluntad, dijo, se ha hecho efectiva con reuniones bilaterales entre la Consejería de Administraciones Públicas y representantes del Ministerio de Justicia, confirmando que en estos momentos se realiza la evaluación del coste efectivo que supone el "efectivo traspaso de los servicios". Así, explicó, será tras la delimitación de estos costes, cuando habría que "empezar a precisar sería el ritmo concreto de traspasos".
Así lo indicó el también catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, que ofreció hoy la lección inaugural dedicada a la Administración de justicia en las comunidades autónomas del XVI Seminario de Estudios Autonómicos organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha.
Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que fue quien inauguró el seminario, dijo al respecto que confía en que este proceso de transferencias tenga lugar pronto y en que se harán efectivas en condiciones "muy buenas".
Sobre la situación de transferencia de otras comunidades autónomas, López Guerra indicó que los procesos de tramitación están en distintas fases, en algunos casos más avanzada, como en Asturias, y otras en fase más inicial, como Castilla-La Mancha. No obstante, recordó que la asunción de competencias en la materia es "algo que está previsto en todos los estatutos".
"Es una obligación que tenemos tanto del Ministerio de Justicia como las comunidades autónomas", y por ello, no se habla "de si se puede o no se puede hacer el efectivo traspaso de servicio, sino que ciertamente tiene que hacerse" y tiene que llevarse a cabo en plazo "razonable".
NUEVA SITUACIÓN TERRITORIAL
López Guerra, encargado de elaborar el Libro Blanco de la Justicia de España, indicó que el tema objeto de su ponencia, dedicado a la Administración de Justicia, está "de absoluta actualidad" ya que el poder Judicial y la Administración de Justicia tienen sus propias peculiaridades, pero "tiene que adecuarse a esta nueva situación territorial del Estado", que está prevista en la Constitución, los Estatutos de Autonomía, la legislación y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, afirmó.
Esta adecuación, debe traducirse a su juicio en un aspecto esencial, el aumento de la eficacia de la Administración de Justicia en el sentido "de reforzar la vinculación del personal y los medios materiales al servicio de la Justicia" a las comunidades autónomas en cuanto instancias próximas al ciudadano. Así, continuó, hay que hacer que los medios personales y materiales se utilicen "con la mayor eficacia".
Todo, dijo López Guerra, independientemente del mantenimiento de una estructura Estatal del Poder Judicial, entendido como jueces y tribunales, lo que "no impide que en la Constitución exista un mandato muy claro referente al fortalecimiento de una instancia tan importante como son los tribunales superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma.
La unidad estatal del Poder Judicial no solo es compatible sino que "exige este fortalecimiento de los tribunales superiores de Justicia y, como consecuencia lógica, la reforma del papel central del Tribunal Supremo, que se convierte así en un órgano básicamente de unificación de doctrina".
Por ello, tanto en los medios al servicio de la Administración, la eficacia de la Justicia, como en la estructura de los órganos jurisdiccionales, la adaptación se está llevando a cabo por dos vías, la de los proyectos de Ley elaborados por el Ministerio de Justicia, y por los anteproyectos y borradores de Estatutos de Autonomía que están en el Parlamento o en fase de elaboración en las comunidades.
