CIUDAD REAL, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil de Ciudad Real, en el marco de la denominada Operación "Electra", ha detenido a 10 personas como supuestas autoras de delitos de estafa, falsificación documental, de contratos de trabajos y nóminas, y tráfico de drogas, y ha imputado a otras cuatro más por los mismos hechos.
En nota de prensa la Guardia Civil explicó que la operación se inició a mediados de abril de este año por parte del equipo de Policía Judicial y del Área de Investigación de Puertollano, al detectarse la presencia de un grupo organizado, asentado en las localidades de Puertollano y Almodóvar del Campo, que se dedicaba tanto a la venta de drogas como a realizar estafas a entidades bancarias.
Según la Benemérita era tanta la preparación y especialización de la red desarticulada, que han sido necesarios varios meses de investigaciones al objeto de identificar a todos sus integrantes, desde sus dirigentes, hasta el conocido como "pasador", término policial que designa al último peldaño de la pirámide de estafas.
Tras las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, se descubrió que los integrantes de esta red falsificaban nóminas y vidas laborales para solicitar préstamos a entidades bancarias. Fueron tanta las ganancias obtenidas que los investigados optaron por sobornar a un director de banco de Caja Madrid con sucursal en Aranjuez para contar con la connivencia del mismo a la hora de delinquir, indicaron.
MODUS OPERANDI
Para cometer la estafa, según explica la Guardia Civil, los detenidos compraban una finca a su propietario legítimo a precio de mercado mediante una hipoteca solicitada en la sucursal de Caja Madrid en Aranjuez.
Inmediatamente, el comprador vendía el inmueble a un precio muy superior a otro miembro de la misma organización, que pedía una nueva hipoteca en la misma oficina, que le concedían con la ayuda del director de la sucursal y con la que cancelaba la del primer comprador.
La diferencia entre el precio de compra y el de venta quedaba ingresada en la cuenta corriente del primer comprador, que retiraba el dinero en metálico antes de que la entidad bancaria pudiera detectar que el último comprador, que eran personas sin ingresos monetarios alguno captados como testaferros, no abonaría las cuotas mensuales. Las ganancias obtenidas con la operación fraudulenta eran repartidas entre los integrantes de la red recibiendo el director del banco una parte importante.
Los testaferros contratados por la red cobraban unos 1.000 euros y, tras la operación, no podían aportar el dinero requerido al ser insolventes. Para llevar a cabo la estafa y al objeto de evitar los posibles controles y auditorias internas de las entidades bancarias, la banda falsificaba las tasaciones de las fincas, las nóminas, las declaraciones del IRPF y del impuesto de sociedades de empresas mercantiles, que a veces hacían participar en la operación y que no podían ser investigadas porque eran de creación reciente. De esta forma, obtenían el crédito con la connivencia del director de la entidad bancaria.
Otro método utilizado por los investigados para la comisión de sus estafas consistía en utilizar pagarés de las empresas mercantiles ficticias que habían constituido o de empresas de curso legal. Para ello, falsificaban los sellos de las empresas y firmas de sus apoderados, al objeto de introducir los pagarés en el mercado, negociándolos con empresarios de toda España. También captaban a empresarios, que, voluntariamente, ofrecían sus pagarés bancarios, para que el entramado delictivo buscara una tercera persona que se hiciera cargo del descuento de los pagarés, obteniendo así liquidez sin mediar operaciones comerciales.
TRÁFICO DE DROGAS
Con lo que respecta al delito de tráfico de drogas imputado a los miembros de la organización desarticulada, éste era cometido al ofrecer las viviendas obtenidas fraudulentamente como lugares para ocultar en su interior sustancias estupefacientes, lo que se conoce policialmente como "guarderías". Además, en varias ocasiones, dichos domicilios fueron utilizados de forma temporal como laboratorios para la adulteración de drogas.
Los detenidos son M.D.F.M. de 28 años de edad; S.P.D. de 31 años de edad; J.A.M.N. de 35 años de edad; V.C.O. de 28 años de edad; R.O.M. de 49 años de edad; y Y.S.R. de 25 años de edad y vecinos de Puertollano (Ciudad Real).
Tambien pertenecían a la red M.M.C. de 58 años de edad y vecino de Almodóvar del Campo; E.M.B. de 56 años de edad y vecino de Ciudad Real; V.N.S. de 21 años de edad y vecino de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real); y M.G.M.M. de 38 años de edad y vecino de Ciempozuelos (Madrid)
Asimismo, hay imputadas otras cuatro personas, identificadas como J.B.D.L.C. de 29 años de edad; M.V.M.N. de 29 años de edad; E.R.V. de 32 años de edad y vecinos de Madrid; y I.M.H. de 29 años de edad y vecino de Humanes (Madrid).
Se han practicado, de igual forma, dos registros domiciliarios en la localidad de Puertollano en viviendas utilizadas por la organización delictiva para el desarrollo de sus actividades ilícitas.
En ellas se ha recuperado numerosa documentación financiera falsificada, así como pagarés de empresas sustraídos, dos ordenadores de última generación utilizados para modificar documentación, dos Fax-escáner, sellos de empresa manipulados y una pistola simulada. Se han intervenido, asimismo, pequeñas cantidades de cocaína, heroína, hachís y marihuana.
Las investigaciones las ha dirigido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Puertollano. Continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.
