CIUDAD REAL, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
Dos ciudadanos rumanos, L.V., alias "Tomas", de 36 años, y su compañera sentimental, V.M.F., de 37 años, fueron detenidos hoy en Socuéllamos (Ciudad Real) por un delito contra el derecho de los trabajadores, al actuar como intermediarios en la contratación irregular de 18 compatriotas suyos y un ciudadano boliviano.
En rueda de prensa, el delegado del Gobierno en Castilla La Mancha, Máximo Díaz-Cano, indicó que la operación policial rematada hoy se puso en marcha hace unos días y en la misma han colaborado la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo en la provincia.
Según relató, "Tomas" se ponía en contacto con empresarios agrícolas de la zona con los que negociaba el sueldo de los trabajadores inmigrantes, a los que previamente había convencido de que vinieran a España bajo la promesa de un trabajo con un sueldo importante.
En concreto, el detenido pactaba unos salarios de 70 euros al día, a razón de 7 euros a la hora, con una media de trabajo de 10 horas diarias por trabajador, de los que él hacía llegar a cada individuo entre 30 y 40 euros al día.
Aunque, en realidad, según explicó Díaz-Cano, este dinero nunca llegó a los trabajadores que, únicamente, recibieron cantidades concretas para poder hacer frente a su alimentación.
Asimismo, "Tomas" hacía pagar otros "peajes" a los contratados irregularmente, cobrándoles 300 a su venida a España, 100 al mes a cada uno de ellos por el alquiler de una casa en la vecina Tomelloso, 150 euros por haberles encontrado trabajo y una cuota diaria de 5 euros por trasladarles desde la vivienda hasta la finca en Socuéllamos, en la que se dedicaban a la recogida de pimientos.
Las detenciones se produjeron hoy en la zona de Socuéllamos conocida como la Manchuela, incautándose también el vehículo que se utilizaba para el traslado de los inmigrantes a la finca, en el que localizaron diez tarjetas de identidad rumanas y una agenda, cuya información se analiza en estos momentos.
Díaz-Cano, que reiteró la voluntad del Gobierno de acabar con la explotación de trabajadores inmigrantes, señaló que, además de las consecuencias penales que tenga el caso, que lleva el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Tomelloso, habrá unas posibles repercusiones administrativas, en referencia a la situación legal de los trabajadores en España y la responsabilidad de los empresarios que les contrataron.
