La región ocupa el segundo lugar, tras Andalucía, en las CCAA con mayor número de beneficiarios
TOLEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
El número de beneficiarios que ya reciben el ingreso mensual de la Renta Básica de Emancipación en Castilla-La Mancha asciende a 2.860, mientras que en todo el país en el mes de junio han entrado en el circuito de pago 6.758 nuevos perceptores que representan un incremento del 45,31% respecto a los que tenían el derecho reconocido en mayo.
Las mujeres son las principales beneficiarias de la ayuda al percibir un 55,7% de los pagos frente al 44,3% que corresponde a los hombres. En el caso de Castilla-La Mancha, de los 2.860 beneficiarios, un 52,4 por ciento son mujeres y un 47,6 por ciento son hombres.
Andalucía es la Comunidad con mayor número de beneficiarios que ya cobra la renta con 2.873, seguida de Castilla-La Mancha (2.860) y Comunidad Valenciana (2.186). Hay que destacar también el incremento porcentual que experimenta Madrid con un aumento del 120 por ciento en el número de perceptores al pasar de 327 a 722 si bien es también la autonomía con mayor cantidad de resoluciones negativas (2.633). En Aragón los beneficiarios que ya están cobrando aumentan un 98,11 por ciento (al pasar de 531 a 1052) y Cataluña, un 97,12% (de 766 a 1.510).
Por número de resoluciones, es Cataluña la que encabeza la lista con 12.150 seguida de Castilla y León (7.719), Castilla-La Mancha (6.695) y Madrid (6.648).
En todas las capitales de provincia se cobra la RBE La ayuda al alquiler y la emancipación llega también a todas las capitales de provincia siendo más demandada en las grandes ciudades según la relación que por primera vez ofrece también el Ministerio de Vivienda. Valencia lidera este apartado con 787 beneficiarios, seguida de Pamplona con 719 y Zaragoza con 700.
El pago de la RBE y el control del fraudeEl Ministerio de Vivienda mantiene unos complejos y necesarios controles de los pagos bancarios para garantizar que quien cobra la ayuda es quien efectivamente tiene derecho a percibirla. Ello puede demorar el cobro en torno a dos meses desde el reconocimiento del derecho.
