El Tribunal de Cuentas determina que el Ayuntamiento de Seseña cometió 27 irregularidades en la aprobación de El Quiñón

Actualizado: domingo, 23 agosto 2009 19:18

TOLEDO, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha determinado en un informe que el anterior alcalde de Seseña (Toledo) el socialista José Luis Martín, acometió un total de 27 irregularidades para que el Ayuntamiento de esta localidad aprobara el Plan de Actuación Urbanizadora (PAU) 'El Quiñón', que desarrolla el constructor Francisco Hernando, conocido como 'El Pocero'.

Según publica el diario El Mundo y recoge Europa Press, este informe del Tribunal de Cuentas determina que el Ayuntamiento de Seseña cometió 27 irregularidades, en los escasos siete meses que tardó en tramitar "la mayor urbanización de España -13.000 viviendas- y adjudicársela al constructor Francisco Hernando, Paco el Pocero".

El Tribunal de Cuentas ha concluido que la reclasificación del suelo, dos millones de metros cuadrados, se aprobó sin "ningún tipo de estudio" para motivarlo, y tampoco se justificó "la edificabilidad y densidad residencial que plantea, muy alejadas de las propias del municipio".

Para el tribunal, "no existe ningún estudio, ni informe municipal que justifique y valore su viabilidad y oportunidad, y afirma que se incumplió la obligación de someter el plan a una aprobación inicial del Ayuntamiento; que la tramitación se llevó a cabo por una ley que estaba derogada; y que no se estudiaron las posibles consecuencias que un posible crecimiento demográfico como el previsto supondría para los estándares de calidad de vida del municipio".

El máximo órgano supervisor de los actos administrativos destaca que tampoco se tuvo en cuenta que una empresa distinta a la de El Pocero había presentado otra propuesta.

Pero, según informa el diario El mundo y recoge Europa Press, "los incumplimientos más flagrantes se cometieron en el pleno en que se aprobó el plan, el 8 de mayo de 2003, ultimo día hábil que tenía el Ayuntamiento para reunirse antes de las elecciones municipales, en las que existía el riesgo de que el alcalde perdiese su puesto y se alterasen las mayorías en favor de IU -contraria a la aprobación del PAU- como finalmente ocurrió".

Aunque el día de ese pleno tampoco habían llegado los informes preceptivos de la Junta de Castilla-La Mancha finalmente se aprobó, según recoge el informe del Tribunal de Cuentas.