TOLEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional da la razón a Castilla-La Mancha y dice que debe ser el Estado quien abone el gasto en farmacia del mes de diciembre de 2001, el último antes de las transferencias, por un importe de 28 millones de euros. El Gobierno central de la época entendió que debía ser la región quien asumiera ese coste.
En nota de prensa, el Gobierno de Castilla-La Mancha expresó hoy su satisfacción por el fallo de de la Audiencia Nacional que da la razón a la comunidad autónoma respecto de la obligación del Estado de abonar una cantidad superior a 28 millones de euros en concepto de gastos de farmacia.
En concreto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de apelación presentado a instancias del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) contra otra sentencia anterior, ésta de junio de 2007, que amparaba ya a la Junta de Comunidades en dicho contencioso.
La sentencia ahora emitida recuerda en sus fundamentos de derecho, en relación con los planteamientos del Gobierno de Castilla-La Mancha, que la mencionada factura debió tener cobertura en el estado de gastos de los presupuestos del Instituto Nacional de Salud (INSALUD) para el año 2001, donde tenían que haber figurado los créditos comprometidos por este concepto y que nunca fueron traspasados a nuestra comunidad autónoma.
Este conflicto, que llega ahora a su fin, se origina tras las transferencias sanitarias, a raíz de la negativa del Gobierno central, entonces regido por el Partido Popular, de asumir el pago de los 28 millones de euros que ahora la Audiencia Nacional vuelve a reconocer favorablemente para Castilla-La Mancha.
