ALBACETE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete condenado a Alfonso C.F, funcionario de la Jefatura Provincial de Tráfico, a cinco años de prisión por revelar información sobre los exámenes de tráfico, y al otro acusado, Miguel Ángel G.N., propietario de dos autoescuelas, a cuatro años. No obstante reconoce la posibilidad de pedir indulto parcial para el primer acusado al Gobierno de la Nación.
La Audiencia Provincial considera al primero de ellos autor criminalmente responsable de un delito de cohecho pasivo y de un delito de revelación de secretos, ambos continuados, ya definidos, con la agravante en ambos de reincidencia.
Por ello, se le condena, según recoge la sentencia, a cinco años de prisión y multa de 15.000 euros, con arresto sustitutorio de tres meses, en caso de impago, inhabilitación especial para empleo o cargo público por 13 años y 2 meses, en total, y a una multa de 15 meses y 45 días con una cuota diaria de 12 euros, con arresto sustitutorio de un día por cada dos de impago. Se le inhabilita también para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo total de privación de libertad, además de al pago de la mitad de las costas procesales (a excepción de las de la acusación popular).
Asimismo, la sentencia condena al otro acusado, a Miguel ángel G.N., propietario de dos autoescuelas, como autor criminalmente responsable de un delito continuado de cohecho activo a cuatro años de prisión y multa de 10.000 euros, con arresto sustitutorio de dos meses en caso de impago, y a una multa de otros 10.000 euros por considerársele autor de un delito continuado de revelación de secretos.
POSIBILIDAD DE INDULTO PARCIAL
Sin embargo, la sentencia aclara que, puesto que los miembros del jurado "se pronunciaron favorablemente a la suspensión condicional de la pena de Miguel Ángel G.N., pero la misma no es posible por la pena impuesta, a fin de respetar esa voluntad de dar una segunda oportunidad al acusado, una vez firme esta resolución, elevase petición de indulto parcial al Gobierno de la Nación".
La sentencia establece un plazo de 10 días para presentar apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Los hechos se sucedieron desde diciembre de 1999, en el caso de la autoescuela 'Bugatti', y desde 2003 hasta mayo de 2005 en la autoescuela 'Alba', fecha en la que intervino la policía poniendo fin a estas prácticas.
En ese periodo, el propietario de las autoescuelas entregaba el examen que le facilitaba el funcionario condenado, que entre 1999 y 2005 era jefe de sección de coordinación del equipo de examinadores de la Dirección General de Tráfico en Albacete, a algunos alumnos, a los que cobraba 1.200 euros, y éste, a su vez, entregaba al funcionario cantidades variables, en torno a los 700 euros, en función del número de alumnos que superaban los exámenes.
Según los cálculos realizados en el proceso, los acusados se habrían lucrado de más de dos millones de euros por facilitar las respuestas de los test teóricos de los exámenes de conducir.
