TOLEDO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción de Toledo informó hoy de que acata el fallo de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial por la que se absuelve a los nueve acusados por el vertido de fuel-oil desde la central térmica de ACECA al río Tajo en agosto de 2000 pero "lamenta que no sea la primera vez, ni por desgracia será la última, en la que no se castiga un grave daño medioambiental a través de la vía penal".
De esta forma, Ecologistas en Acción discrepa "tanto en la valoración de los daños que produjo el vertido como de la responsabilidad de quienes en el día de autos tuvieron en sus manos la gestión de la Central, y no entiende como un fallo de estas características se puede articular básicamente sobre los informes periciales de la defensa", según informó la asociación en nota de prensa.
Para Ecologistas, "el fallo de los tribunales hubiera sido otro si la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), con su Comisario de Aguas a la cabeza, y la Junta, hubieran actuando de otra manera con rigor y con un criterio de defensa del medio ambiente y del bien público".
Por ello, se preguntan "por qué la CHT no ha hecho un seguimiento del vertido y sus efectos en el río y por qué el Consejo de Gobierno de la Junta decidió no recurrir la sentencia en contra del criterio de los servicios jurídicos de la misma".
Por otra parte, Ecologistas en Acción recordó que una vez firme la sentencia absolutoria, se abre la posibilidad de levantar la suspensión de los tres procedimientos administrativos sancionadores abiertos por los mismos hechos; uno por parte de la Consejería de Industria, otro de la Consejería de medio Ambiente y por último un tercero tramitado por la CHT.
Así, indicaron que al igual que ocurriera en el caso de la rotura de la balsa de lodos de la mina de Aznalcollar en el que tanto la administración regional andaluza como el Consejo de Ministros impusieron sendas e importantes sanciones a la empresa Boliden, "expresamos nuestra confianza en que en esta ocasión ocurra lo mismo y que éstas administraciones cumplan con su papel de garantes del medio ambiente y procedan a aplicar la normativa sancionadora".
Y es que, según manifestaron desde Ecologistas en Acción, la Ley de Aguas, por ejemplo, prevé multas de hasta 601.012,10 euros para las infracciones muy graves, así como la obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico y reponer las cosas a su estado anterior.
Por último, las cuantías por años medioambientales pueden ser similares si se aprecia la gravedad de los hechos y todo ello en su conjunto podría derivar en el cierre de la actividad, circunstancia demandada por Ecologistas en Acción en reiteradas ocasiones.