TOLEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
El coordinador regional de IU, Cayo Lara, manifestó hoy su preocupación ante un Gobierno regional "instalado en la chapuza permanente" y en la "inseguridad jurídica", debido a una Ley Electoral que, desde su punto de vista, deberá modificar de nuevo el próximo año ante las previsiones de crecimiento de población "con un diputado más en Toledo y otro en Guadalajara". "Los propios datos nos van a dar la razón y será entonces cuando el Gobierno tenga un problema de credibilidad público", añadió.
Así se manifestó Lara, en rueda de prensa, tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de no admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad del TSJCM sobre el recurso interpuesto en 2007 por IU, que justificó en el hecho de que la convocatoria de elecciones regionales y municipales de ese año vulneraba los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Aunque señaló que IU acata la decisión del TC, advirtió de que actualmente "las Cortes regionales no tienen una representación real, porque el número de escaños no se ajusta con el número de habitantes". "Queda claro que en las provincias de Toledo y Guadalajara hay un diputado menos de lo que la Ley contempla", subrayó.
En este sentido, explicó que la reforma de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha de noviembre de 2007, en la que se proponían 49 escaños, "fue una chapuza más". "Fue absurdo y desproporcionado --argumentó-- que los escaños de los 200.000 primeros habitantes salgan a 25.000 habitantes por escaño, y que cada escaño restante cueste 100.000 habitantes o fracción de 75.000".
Indicó que IU predijo que el método era tan inestable que deberían modificarlo antes de 2010 por el crecimiento previsible en Toledo, según el cual, el Gobierno se vería obligado a incrementar un escaño más, lo que en la provincia de Toledo daría 50 escaños, "un número par que desaconseja el propio preámbulo de la ley".
Además, "elevar el número de escaños a 51 no es posible con el método inventado por el PSOE, por lo que de nuevo tendrán que reinvertar otro para tener algún razonamiento en el que basarse para ajustar de nuevo el número de escaños en 2009".
TC Y FISCAL
De este modo, explicó que existe un documento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M), que fue el que elevó el caso al TC, y el que deberá pronunciarse ante dicho auto, y otro del Fiscal General del Estado, previos a la reforma de la Ley Electoral, en los que se reconoce que se debía ajustar el número de escaños con el número de habitantes.
Posteriormente --continuó--, en noviembre de 2007 "el Gobierno decidió llevar a cabo la reforma de la Ley Electoral, rompiendo así un acuerdo alcanzado con el PP en 1998, y con mucha celeridad, algo que nadie entendía", señaló Lara. La respuesta vino cuando el TSJC-M decidió plantear la cuestión de inconstitucionalidad.
Posteriormente, el Fiscal General del Estado emitió otro informe en el que analizó la nueva Ley Electoral y en el que determinó que había una desproporción de diputados, pero que no era intensa, por lo que "bastaba con añadir un diputado más en Guadalajara y Toledo" para cumplir la ley, pero "lo cierto es que esos escaños siguen vacíos".
En el auto actual, el Tribunal Constitucional dice que ya se ha corregido la proporcionalidad, pero Lara consideró que "las casualidades en política no existen" y que "el Gobierno de Barreda ha maniobrado para hacer esta reforma electoral, que incorpora de 47 a 49 escaños. El problema es que son fictícios".
Por esta razón, Cayo Lara insistió en que acata la resolución, aunque ahora se tiene que pronunciar el TSJC-M sobre el auto emitido por el TC, y todavía puede plantear al Gobierno que tiene que corregir la situación. "Entonces veremos qué pasa", subrayó Lara, que confió en "que cuestione el artículo 16.2 de la Ley Electoral, porque no reconoce una asignación estable".
De otro lado, recordó que también existe un recurso sobre el mismo tema interpuesto por el Partido Popular en torno a la última reforma de la Ley Electoral, sobre el que todavía se tiene que pronunciar el Tribunal Constitucional.
