La abogada del Estado acusa a Delgado de usar la avocación como instrumento de control ilícito del sector eólico

Niega vulneración de derechos y recuerda que la causa partió de un "hallazgo casual" en las cuentas del Grupo Collosa VALLADOLID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La representante de la Abogacía del Estado, personada en el juicio por la denominada 'trama eólica', ha acusado al que fuera viceconsejero de Economía y luego secretario de este departamento, Rafael Delegado, principal inculpado en la causa, de utilizar la instrucción 2004, es decir, la figura de la avocación para autorizar parques eólicos en Castilla y Leòn, como "instrumento de control" ilícito del sector con el que, supuestamente, se enriquecieron él y otros de los implicados.

Después de que el fiscal del caso expusiera su informe final, la abogada del Estado ha tomado el testigo para adherirse a sus conclusiones y, en unas primeras precisiones, negar cualquier tipo de vulneración de derechos de los investigados y recordar que dicho proceso saltó a la vía judicial a raíz de un "hallazgo casual" que la Inspección Tributaria obtuvo cuando investigaba las cuentas del Grupo Collosa y que, al comprobarse que reunía carácter delictivo, fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción.

El informe aludido por la abogada, de fecha 30 de diciembre de 2014 y que dio lugar a la querella en abril de 2017 de la Fiscalía Anticorrupción, fue elaborado en el marco de una inspección tributaria al Grupo Collosa en la que, "como hallazgo casual", se observó una deducción fiscal por importe de un millón de euros por parte de su sociedad Inverduero, centrada en el sector de la construcción, no en el ámbito energético", ha matizado la acusadora, quien por ello ha rechazado la teoría de los frutos del árbol envenenado invocado por alguna de las defensa.

Sentada dicha premisa, la letrada, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha puesto el foco en la figura del viceconsejero de Economía en la época investigada, Rafael Delgado, al que ha responsabilizado directamente, junto al entonces máximo responsable del departamento, el ya fallecido Tomás Villanueva, de instaurar en 2004 la figura de la avocación que concentraba en sus manos la facultad de autorizar los parques eólicos, cuando dicha atribución la ejercían hasta entonces los jefes de Industria de las nueve provincias de Castilla y León.

PLAN PRECONCEBIDO

"La avocación es una excepción y sólo se admite de forma singular y motivada, no de forma genérica para todas las solicitudes, si bien se ejecutó de forma abstracta y generalizada, era el freno o el control de todo ese plan preconcebido para luego obtener dádivas", ha denunciado categórica la acusadora, quien ha recordado distintas manifestaciones durante el juicio por parte de integrantes del Ente Regional de la Energía (EREN) en la que éstos aseguraron que ese instrumento de control se elaboró en la Consejería de Economía.

En ese marco, la abogada ha situado la reunión convocada en Valladolid por Delgado el 30 de marzo de 2025 en la que llamó a capítulo a los jefes de Industria para aleccionarles sobre qué parques había que agilizar y cuáles no, en el primer caso los promovidos por aquellas sociedades que se habían plegado a sus exigencias y habían dado entrada en su accionariado a determinados empresarios locales afines a los acusados.

Aunque ese control en la tramitación también lo ha extendido la acusadora al mercantil, en el sentido de que Delgado determinaba incluso la proporción con la que los locales tenían que entrar en las sociedades vehículo constituidas para promover los parques, un 40 por ciento frente al 60 de los promotores titulares, y también en el precio que debía de pagarse a los afines cuando éstos revendían sus acciones a su 'partner' en el negocio.

Esa supuesta red clientelar y las correspondientes dádivas ilícitas obtenidas, según la abogada del Estado, fueron vehículadas por Delgado una vez fuera de la Junta, a partir de 2011, mediante la constitución en presunta connivencia con su amigo, abogado y presunto testaferro, el también encausado Jesús Rodríguez Recio, de las sociedades Delgado Núñez Consulting, Samuño Activos y Tough Trade, entre las que se constatan multitud de transferencias e incluso de compra-venta de inmuebles. Es en este ámbito en el que se sostiene la comisión de sendos delitos contra la Hacienda Pública, en los que Rodríguez Recio habría actuado como cooperador necesario, relativos a los ejercicios de 2012 y 2013 por los que se les solicitan más de 330.000 euros.

Aunque Delgado, en su puesto de la Junta, percibía mensualmente unos 53.000 euros, la acusación del Estado apunta que desde su salida de la Administración autonómica su patrimonio comenzó a crecer de forma significativa en forma de ingresos en efectivo en sus cuentas de forma periódica, de miles de euros, y ello "a pesar de que el acusado ha tratado de justificar que procedían de reintegros que había ido sacando desde los años 90 de su cuenta y que iba ingresando, ya reconvertidos a euros, en una caja fuerte que tenía en su piso de Valladolid".

La letrada mantiene que Rodríguez Recio actuó en todo momento en esta trama como testaferro de Delgado, con quien mantenía una "relación simbiótica", tratando de lavar el dinero que su amigo había obtenido de forma ilegal, y en tal sentido ha puesto como ejemplo el hecho de que entre los ejercicios de 2011 y 2013 el abogado tan sólo se benefició con una décima parte de los más de 600.000 euros que el ya exviceconsejero acumuló como patrimonio. También ha puesto como ejemplo en ese periodo los 149.000 euros que Tough Trade, administrada por Rodríguez Recio, transfirió a Delgado Núñez Consulting, todo ello mediante "facturas falsas que carecen de causa jurídica alguna", ha aseverado.

"Es también significativo que a partir de 2014, cuando la Agencia Estatal Tributaria está ya metiendo el hocico, Rafael Delgado decidiera concentrar todos los activos de sus sociedades en Trough Trade", ha advertido la abogada del Estado, de ahí su decisión de mantener los cargos recogidos en su escrito de calificación.