El abogado del alcalde en funciones de Garray (Soria) presenta en el Ayuntamiento la dimisión de su representado

Actualizado: lunes, 23 enero 2006 18:34

Juan Carlos Díez Ibáñez fue detenido el pasado jueves en una operación contra el tráfico de drogas

SORIA 23 (EUROPA PRESS)

El abogado del alcalde accidental de Garray, Jesús María Soto, presentó hoy en el Ayuntamiento de la localidad soriana un documento que acredita la dimisión de Juan Carlos Díez Ibáñez como alcalde en funciones del municipio tras haber sido detenido el pasado jueves dentro de una operación contra el tráfico de drogas de la Guardia Civil.

Ahora en el Consistorio están a la espera de recibir las credenciales como concejal, cargo que realmente ocupaba en el consistorio garreño antes de asumir la alcaldía en funciones tras la excedencia voluntaria solicitada por la alcaldesa, Julia María Llario.

El secretario general del PP en Soria, José Antonio de Miguel, se refirió esta mañana a este hecho con "satisfacción" y manifestó que la dimisión "se tramitará lo antes posible".

En declaraciones a Europa Press, de Miguel aseguró que de esta forma queda "restituida la gobernabilidad en Garray" puesto que la alcaldesa, de excedencia voluntaria, "se incorporará de manera inmediata" al Ayuntamiento gobernado en mayoría por el PP, cargo que asumió de nuevo hoy.

El secretario general de los populares en Soria insistió en el "apoyo" de su partido a las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado "para combatir delitos como estos que además generan alarma social" y a los que se refirió en términos de "lacra para la sociedad".

En este sentido, el dirigente popular se manifestó desde "el respeto a la presunción de inocencia" sobre el "imputado", de quien recordó que concurrió a los pasados comicios municipales y autonómicos "en las listas del PP" pero "figuraba como independiente".

Sobre las acusaciones a las que se enfrenta el concejal de Garray, José Antonio de Miguel explicó que se trata de un "presunto delito fuera del ejercicio de la función pública, es decir, realizado dentro del ámbito personal", algo "muy difícil de controlar por los partidos políticos puesto que hablamos de 183 municipios con sus barrios y pedanías".

En este sentido, expresó que les hubiera "preocupado" si el presunto delito se hubiera realizado en el ámbito municipal y su naturaleza fuera política, aunque el secretario general del PP de Soria quiso quedarse al margen de cualquier polémica política en torno a este asunto.