VALLADOLID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid ha acordado la apertura de diligencias previas por un presunto delito de malversación relacionado con la adquisición de un ciclomotor por parte de la Sociedad de Desarrollo de Valladolid (Sodeva), dependiente de la Diputación, tras la denuncia interpuesta el pasado mes de abril por el portavoz del Grupo Provincial Socialista, Francisco Ferreira.
Según consta en el auto judicial, "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de malversación, cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".
La denuncia, registrada por el Grupo Socialista el 4 de abril de 2025, se refiere a la compra en 2021 de un vehículo ciclomotor modelo Piaggio Ape 50 por un importe de 2.420 euros. El ciclomotor, que según indica el PSOE en un comunicado recogido por Europa Press se encontraba averiado y en condiciones "deplorables" en el momento de la compra, fue posteriormente reparado con un coste de 6.495 euros, casi el triple de su valor inicial, en una actuación que, según los denunciantes, ya contaba con presupuesto una semana antes de la adquisición.
El fin del vehículo, según se ha justificado desde la Diputación, era su uso promocional en ferias y eventos. Sin embargo, tal y como ha señalado el gerente de Valladolid Avanza (Sodeva), Ángel Medina, el ciclomotor no ha llegado a utilizarse nunca y permanece desde entonces abandonado en una nave del municipio vallisoletano de Matallana.
"Viendo el vehículo en cuestión, entendemos que no se haya usado nunca; lo sorprendente es que a alguien le pareciera buena idea que algo así pudiera ser la imagen representativa de una institución como la Diputación de Valladolid en cualquier evento mínimamente serio", ha reprochado Ferreira.
Además, la reparación del vehículo no fue encargada a un taller certificado, sino facturada a la empresa de eventos World Wide Brands and Malls S.L. En este sentido, dos meses más tarde, el Club de Amigos de la Provincia, también dependiente de Sodeva, emitió un informe para justificar la compra del vehículo.
"Hacer un presupuesto de algo que está estropeado, que hay que arreglar, costando el triple la reparación que la compra, y que en las facturas del arreglo y de la adquisición aparezca una empresa de eventos, es algo muy grave y de lo que se tendrá que dar explicaciones en la vía penal", apunta el portavoz socialista, quien califica de "intolerable que esto pueda suceder en una administración pública".
El auto judicial da respaldo a la denuncia del Grupo Socialista al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de delito, y ordena la instrucción del caso para esclarecer las circunstancias y posibles responsables. "Estos son los hechos y ahora corresponde actuar a la justicia para determinar la naturaleza y circunstancias de los mismos y las personas que hayan podido intervenir en ellos", señala Ferreira, citando el auto.
Desde hace meses, el Grupo Provincial Socialista viene reclamando la disolución de Sodeva al considerar que "no cumple" los objetivos de su creación y que funciona "sin control" de fiscalización por parte de la intervención de la Diputación. Además, han denunciado la existencia de una cantidad "injustificable" de contratos menores a "capricho".
"Esta sociedad debe ser disuelta inmediatamente y no puede continuar un día más porque es un auténtico pozo sin fondo, de escándalo en escándalo, dañando la imagen de la Diputación", ha aseverado Ferreira.
En este marco, el socialista recuerda además que el 12 de septiembre de 2024 hubo una sentencia condenatoria por prevaricación contra los máximos responsables de Sodeva en el caso Meseta Ski, y que el Tribunal Económico-Administrativo ha fallado en contra de la devolución del IVA correspondiente a los ejercicios 2015, 2016 y 2017, principal objetivo de la creación de la sociedad.