Acepta una condena de seis meses de cárcel el empresario que explotaba a trabajadores 'sin papeles'

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El empresario de origen rumano acusado de explotar a trabajadores marroquíes 'sin papeles' entre los años 2021 y 2022 para trabajos agrícolas se ha conformado este martes con una condena de seis meses de cárcel, en lugar de los tres años de privación de libertad que pedía el fiscal del caso.

El acuerdo alcanzado minutos antes del inicio del juicio en la Audiencia de Valladolid, recogido por Europa Press, ha reducido el mismo a una breve vista de conformidad en la que el encausado, Florinel M.C. ('Marius'), se ha reconocido autor de un delito contra los derechos de los trabajadores y ha aceptado una condena de seis meses de cárcel, una multa de 720 euros y el pago de una indemnización de 300 euros a cada uno de los dos irregulares afectados, ya que otras cuatro de las víctimas no han podido ser localizadas.

Además de la sustancial rebaja de la pena obtenida, ya que la acusación pública le pedía tres años de cárcel, una multa de 4.500 euros y el abono de indemnizaciones por importe de 4.000 euros a cada uno de los trabajadores afectados, el condenado ni siquiera deberá entrar en prisión al haber logrado la suspensión de la ejecución de la condena por un periodo de dos años.

Tal suspensión, a propuesta de su defensa y con la aquiescencia del fiscal y del tribunal sentenciador, está condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos: no volver a delinquir durante los dos próximos años, comunicar cualquier cambio de domicilio y abonar la responsabilidad civil y la multa en un plazo no superior a un mes.

Los hechos se remontan a distintos periodos de los años 2021 y 2022 cuando Florinel M.C. ('Marius'), en calidad de empresario individual, se vino dedicando a la prestación de servicios agrícolas y para ello contrató con empresarios españoles la realización de distintas actividades--recogida de patata, vendimia y poda--que realizarían trabajadores de origen marroquí que se hallaban en situación irregular en España.

Ante tal circunstancia, las víctimas no podían ni firmar un contrato ni tampoco ser dadas de alta en la Seguridad Social, algo que aceptaban y de lo que se aprovecha, supuestamente, 'Marius', que les imponía unas condiciones laborales que contravenían abiertamente la normativa en materia del sector.

Los trabajadores desarrollaban su jornada laboral por un salario de 20 euros el 'jumbo'--saca de patatas--, seis euros la hora en vendimia y 12 ó 15 céntimos la poda. Además, debían de pagar tres euros al acusado por el traslado a los tajos.

El condenado, carente de antecedentes penales, iba pagando los servicios prestados a su conveniencia, dilatando en el tiempo los mismos para que las víctimas estuvieran siempre a su disposición.