Adif Alta Velocidad licita por 168.190 euros la contratación de asesoramiento jurídico para la disolución de la SVAV

    VALLADOLID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La Presidencia de Adif Alta Velocidad ha iniciado el expediente de contratación de servicios de asesoramiento jurídico y económico para la disolución judicial y liquidación de la sociedad mercantil Valladolid Alta Velocidad 2003, con un presupuesto de licitación de 168.190 euros (IVA incluido).

   La licitación del expediente se ha publicado este jueves en la Plataforma de Contratación del Sector Público y el plazo de presentación de ofertas concluirá el 13 de abril. El presupuesto de licitación es de 139.000 euros que tras los impuestos suma 168.190 euros.

    El objeto del contrato, se explica en los pliegos, es la prestación de un servicio de asesoramiento legal y económico para la preparación, redacción y presentación de la demanda de disolución judicial de la sociedad mercantil Valladolid Alta Velocidad, 2003 (SVAV), pues Adif considera que se ha incurrido en causa legal de disolución, tal y como plantearon en la Comisión de Seguimiento del proyecto ferroviario de la ciudad, en la consideraron que "ha quedado claro" que las posiciones de las entidades del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible --Adif, Adif Alta Velocidad y Renfe--, por un lado, y del Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León, por otro, son "totalmente contrapuestas".

   La entidad ferroviaria considera "necesario" instar la disolución de la sociedad Alta Velocidad al entender que concurren causas legales de disolución previstas en la Ley de Sociedades de Capital ya que "no existe acuerdo entre los socios para llevar a cabo un procedimiento consensuado, es necesario acudir a una disolución judicial. En este caso se tramita esta licitación por parte de Adif Alta Velocidad al ser el socio mayoritario de la SVAV, con un 30 por ciento del capital de la sociedad.

   Por ello Adif Alta Velocidad se plantea contratar unos servicios que realicen un seguimiento del procedimiento judicial hasta su finalización; asesoramiento jurídico y económico necesario para preparar el eventual proceso de liquidación de la sociedad una vez acordada judicialmente la disolución.

   "Dada la complejidad jurídica y económica del proceso, que no solo afecta al plano societario y procesal sino también a las consecuencias patrimoniales y económicas derivadas de la disolución y posterior liquidación, resulta imprescindible contar con un asesoramiento especializado de carácter jurídico y económico", señalan los pliegos.

   Este asesoramiento permitirá, además de la correcta preparación y tramitación de la demanda, "anticipar y preparar el proceso de liquidación, evaluar la situación económico-financiera de la sociedad y velar por la adecuada defensa de los intereses económicos de los socios".

   En los pliegos Adif y Adif Alta Velocidad asumen que no disponen en sus plantillas de perfiles "conocimientos específicos y especializados en Derecho Societario y en cuestiones económicas relativas a la disolución de sociedades, especialmente en unos procedimientos de tal envergadura".

   En definitiva, plantean que los trabajos objeto de la presente contratación "no pueden ser desarrollados con los recursos propios de personal con los que cuenta Adif".

   Así justifican la "obligación" a la "realización de la actividad con medios externos" y, por tanto, a la tramitación de la presente contratación para suplir dicha carencia.