El Ayuntamiento destaca el incremento del 25,7 por ciento en la cuantía anual
VALLADOLID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha adjudicado este martes por un importe de 930.960 euros para los dos próximos años el contrato de intervención social para luchar contra la exclusión social en las barriadas vulnerables de Aramburu-Las Viudas y 29 de octubre.
La adjudicación se ha aprobado este martes en Junta de Gobierno, dentro del plazo dado por el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, que señaló hace unos meses que este servicio, cuyo contrato anterior concluía el 31 de marzo, se podría adjudicar antes del 1 de junio.
El contrato se ha adjudicado por 930.960 euros a la UTE formada por Senior Servicios Integrales, S.A, y la Asociación Pajarillos Educa.
Nieto ha recordado que en el pasado contrato, que se licitó en 2021, se destinaron 370.166 euros a este proyecto, mientras que el contrato aprobado hoy asciende a 465.480 euros anuales, IVA incluido, lo que supone un incremento de un 25,74 por ciento destinado a la zona.
El edil del PP ha aseverado que tras una "evaluación exhaustiva" del programa en los dos años anteriores se detectó que "durante el mandato anterior se había abandonado la intervención social en el 29 de octubre, tanto por los trabajadores sociales de VIVA", como por parte de la UTE, que según el concejal tampoco realizaba "una intervención muy exhaustiva".
El contrato adjudicado este martes contempla la intervención integral en las barriadas de Aramburu, Las Viudas, zonas colindantes de las calles Caamaño y Hornija del barrio de Las Delicias, y en la barriada Polígono del 29 de Octubre de Pajarillos Bajos y calles colindantes con las mismas características sociodemográficas y económicas, además de en la calle Flor del barrio de Pajarillos Altos.
El contrato anterior, como han recordado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, se adjudicó a una UTE formada por dos entidades del tercer sector de acción social con amplia implicación con minorías étnicas e inmigrantes, y en esta ocasión el proceso de contratación ha sido ganado también por una UTE formada por una empresa con amplia experiencia en servicios sociales y programas de inclusión social y una entidad del tercer sector que desarrolla su actividad en una parte de la Zona Este, con lo que cual consideran que "continúa asegurando el valor añadido de entidades del sector de los servicios sociales".
El contrato se enfoca, por un lado, a la educación formal en todos los niveles y la formación y orientación profesionales futuras son la herramienta fundamental de cambio para luchar de forma efectiva contra la pobreza infantil y juvenil, que se consideran "problemas endémicos de estas zonas como el absentismo escolar o el fracaso y el abandono temprano de la educación".
"Si queremos un futuro sostenible hay que favorecer normalización educativa del alumnado más vulnerable, apostando por el éxito escolar y la promoción educativa", han destacado las mismas fuentes.
El otro foco de atención es la inclusión social, con el objetivo de cambiar "la familia o la persona concreta, con un modelo de intervención de caso" y con la metodología de atención centrada en la persona y por tanto vinculando la intervención a proyectos individuales de mejora relacionados sobre todo con el acceso al empleo y la formación prelaboral.
La inclusión, no obstante, se abordará también desde los distintos ámbitos, alguno más individual y otros más genéricos, que inciden de forma directa en las posibilidades de integración y promoción de la persona, como "el acceso a recursos y servicios, la vivienda, la salud, el ocio".
Otro apartado reflejado en el contrato es la participación, convivencia y promoción ciudadana, pues "el éxito de cualquier proyecto de cambio importante que se pretenda implementar en zonas como estas con un alto grado de deterioro físicourbanístico, estructural, de convivencia, pasa por la implicación de la población de las mismas en el proyecto".
INCREMENTO DE PERSONAL.
Para llevar a cabo estos servicios, se plantea el incremento en la dotación de personal. Por un lado, se pasa de media jornada a jornada completa a dos profesionales que se dedican a la educación no formal, educación de calle, y contacto directo con la ciudadanía, especialmente de etnia gitana y población inmigrante; y, por otro, se incrementa la dotación de integradores sociales, y así se exige en el contrato dos personas más que puedan desarrollan un trabajo más intensivo en el '29 de Octubre'.
En total, desarrollará el proyecto un equipo multiprofesional con un total de doce profesionales de la intervención social (educadores sociales, integradores sociales y educadores de calle).
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