Aduanas sostiene que El Salvador prestó servicios sin contar con existencias de féretros necesarios

VALLADOLID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera concluye que el grupo funerario El Salvador-Funeraria Castellana "prestó servicios" en el periodo investigado, entre 1995 y 2015, sin contar con las existencias de féretros necesarias, afirmación que realiza tras el análisis de la facturación, buena parte de ella ficticia, entre la empresa encausada y distintos proveedores.

La jornada celebrada en la Audiencia de Valladolid ha contado con la pericial de dos funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, a quienes se encargó un informe que emitieron en junio de 2020 sobre la adquisición de féretros por El Salvador-Funeraria Castellana a distintos proveedores en el periodo investigado para determinar si ese aprovisionamiento es real o, por el contrario, ficticio, con el fin este último de los encausados de ocultar el 'reciclado" de cajas.

Los expertos, fruto del análisis de las relaciones comerciales entre El Salvador y distintos proveedores en el periodo que media entre 2001 y 2014, entre ellos el también encausado Victorio Senovilla, de Fabricados Senovilla, concluyen que buena parte de esas adquisiciones no fue real tras advertir de que las mismas "no están soportadas documentalmente con facturas" y que en muchas de las ocasiones tan sólo se observan pagos en concepto de IVA.

En este sentido, los funcionarios de Aduanas, en declaraciones recogidas por Europa Press, han ido detallando año por año el número de cajas supuestamente adquirido a distintos proveedores y, conforme al criterio ya indicado, han apuntado que en el ejercicio de 2001 no dan por válidos 126 féretros que Funeraria Castellana sostiene que compró a Senovilla, otros 92 en 2004, otros más de 100 en 2005 ni los 454, de un total de 864, que figuran en el año 2007. Tampoco han validado otro importante flujo de ataúdes supuestamente comercializado entre el grupo funerario investigado y otros proveedores distintos.

A modo de conclusión del complejo estudio realizado, trabajo que uno de los funcionarios ha confesado que hoy, unos años mayor, posiblemente hubiera sido incapaz de efectuar, Vigilancia Aduanera mantiene que en el supuesto de dar por válida la facturación objeto de análisis, echa en falta un total de 1.174 féretros para que El Salvador pudiera prestar sus servicios en el periodo investigado, cifra que incluso ha elevado a 4.552, la que señala como verdadera y resultante del cálculo de todas aquellas cajas invalidadas por carecer de soporte documental acreditativo de que fueron adquiridas.

Pero además, los funcionarios han podido comprobar que parte de esas cajas figuran como compradas a un proveedor ya fallecido, como es el caso de Juan Antonio M.R, muerto el 29 de abril de 2009 pese a que consten compras los meses de junio y agosto de ese mismo año, mientras que en el caso de otro supuesto aprovisionador de cajas, José Antonio B.R, ni siquiera se ha conseguido identificar al mismo como persona física en la base de datos de la Agencia Tributaria.

LAS LIBRETAS NO SE HICIERON DE UN "TIRÓN"

Esta nueva jornada del juicio ha contado también con un informe pericial elaborado por una inspectora de la Policía Nacional sobre el abundante material reunido por Justo M.G, el trabajador ya fallecido del grupo funerario El Salvador que constituye la principal prueba de cargo en el 'caso ataúdes', pericial que viene a certificar que las anotaciones del ya fallecido no se realizaron de un "tirón", en un breve espacio temporal, sino a lo largo de 18 años.

La citada agente de la Policía Nacional, autora de este informe de mayo de 2021, ha ratificado que del cotejo de 12 dietarios y 8 libretas intervenidas a Justo M, así como del cuerpo de escritura atribuido a éste, con anotaciones sobre el cambiazo de féretros, se deduce que el material fue realizado por el trabajador a lo largo de casi dos décadas.

La perito ha justificado su dictamen en el convencimiento de que las libretas y los dietarios son "coetáneos" y que los mismos presentan una "evolución" de la letra con el paso de los años, lo que, como así ha insistido, evidencia que las anotaciones incriminatorias sobre la reutilización de cajas y motivos ornamentales para sucesivos sepelios entre 1995 y 2015 "no se hicieron de un tirón, en un mismo periodo temporal".

El dosier atesorado por Justo M, quien fuera trabajador de El Salvador, constituye una prueba crucial, validada por la inspectora en cuanto a que no es 'flor de un día' sino fruto de un trabajo concienzudo del autor durante casi dos décadas en el que, además, se apoyan el fiscal y las dos acusaciones particulares para mantener el rosario de delitos imputados a los veintitrés encausados.

A los acusados, entre ellos la viuda y los tres hijos del fundador de la empresa, ya fallecido, se solicitan las penas más elevadas por delitos de organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental. Como responsables civiles subsidiarios figuran las empresas Agencia Funeraria Castellana S.A. y Parque El Salvador S.L..