AMP-De la Riva insiste en las "dificultades" para cumplir la sentencia pero el retraso no le parece normal "en absoluto"

VALLADOLID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ha reiterado este lunes ante la juez del Juzgado de lo Penal 2 de la ciudad las "numerosas dificultades técnicas" encontradas para restituir la legalidad urbanística en el edificio de Caja Duero de la Plaza de Zorrilla, aunque también ha confesado que no es ni medio normal el retraso habido a la hora de ejecutar el fallo judicial.

El regidor 'popular', sometido durante noventa y cinco minutos al interrogatorio de las acusaciones pública y popular, no se ha apartado ni un milímetro del guión mantenido en 2012 desde su primera declaración en el proceso como imputado, es decir, que el fallo de 28 de abril de 2008 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no se pudo cumplir con celeridad hasta casi cinco años después debido a la inexistencia de planos fiables del inmueble, que data de 1946, lo que dificultó sobremanera a los técnicos municipales ejecutar lo acordado por dicho tribunal.

Éste, tras anular en 2008 el proyecto de rehabilitación del edificio y las licencias de obra y ocupación, exigía devolver el inmueble a la legalidad tras constatar, entre otras irregularidades, que de unos trasteros o carboneras se habían construido dos áticos y que unas viviendas de la planta cuarta y quinta se habían reconvertido en oficinas, con la particularidad, y ahí radica el meollo del proceso, de que el imputado era propietario de una vivienda situada en la planta séptima.

En una maratoniana sesión a lo largo de cinco horas y media, León de la Riva, quien ha estado respaldado por los integrantes de su candidatura, sí ha reconocido que no es frecuente que una resolución judicial tardara cinco años en cumplirse. "¡En absoluto me parece normal!", ha indicado textualmente el munícipe, que en su alegato exculpatorio ha incidido en que toda su actuación en este caso estuvo sujeta siempre a los consejos de su secretario y vicesecretario y de la Asesoría Jurídica.

León de la Riva justificaba así el hecho de que inicialmente participara y votara en las juntas de gobierno local en las que se aprobó el proyecto de rehabilitación luego anulado, pese a que ya estaba en negociaciones para adquirir un piso en ese edificio y ostentaba el cargo de vicepresidente de Caja Duero--era propietaria originaria del inmueble--, y que a posteriori optara por abstenerse en aquellas sesiones en las que se sometieron a votación los proyectos que elaboró el Ayuntamiento por orden judicial para solventar las ilegalidades cometidas en el inmueble.

"SOY GINECÓLOGO, NO JURISTA"

"En mi carné sigue poniendo que soy ginecólogo, no soy jurista, y por ello siempre sigo los consejos de mi vicesecretario, que es un habilitado nacional experto en Derecho", ha declarado León de la Riva, quien durante el interrogatorio se ha mostrado en algunos momentos profundamente molesto ante el cariz de algunas preguntas del abogado de la acusación popular, ejercida por la Federación de Asociaciones Vecinales 'Antonio Machado'.

"'No vuelta usted a tratar de enredarme porque no lo va a conseguir'", ha espetado León de la Riva al letrado, lo que ha llevado a intervenir a la jueza, no sólo para exigir al primero que se dirija con "educación" a su interpelante sino también para advertir a los concejales del PP allí presentes de que se abstuvieran de hacer gestos de desaprobación, so pena de ser expulsados de la sala.

En este intercambio de preguntas y respuestas, el regidor vallisoletano, a quien una condena podría apartarle de su aspiración a revalidar la Alcaldía, ha repetido en numerosas ocasiones que él, una vez que le fueron notificados los requerimientos del TSJCyL para ejecutar la sentencia, haciéndole responsable directo y personal, se limitó a firmar los decretos ordenando que así se hiciera y delegó dichas tareas en la concejal de Urbanismo, Cristina Vidal, y los técnicos municipales.

"Yo no sé cómo tirar un forjado. Lo que no podía es ponerme el casco, tirar de piqueta y subir a la obra. He dado órdenes de que se cumpliera la sentencia a la mayor brevedad posible porque era plenamente consciente de que era preciso cumplirla", ha apuntado del alcalde.

Respecto de las dificultades materiales de su ejecución, León de la Riva, a quien las acusaciones pública y popular solicitan quince y veinticuatro meses de inhabilitación, respectivamente, y, por el mismo orden, multas de 3.600 y 63.000 euros, mantiene, como así han corroborado en la vista dos arquitectos que han intervenido en calidad de testigos-peritos, que la existencia de planos inexactos del polémico edificio, del siglo XIX, y posteriores modificados del inmueble planteaban muy serias dudas a la hora de cumplir el fallo del TSJCyL.

De hecho, el declarante ha recordado que en su día ya explicó al juez instructor que, por un lado, la sentencia ordenaba el derribo de un forjado y, por otro, el informe de una empresa experta determinaba que era original de 1946. "Se me planteaba la disyuntiva de cumplir la sentencia o incurrir en un posible delito a atentado al Patrimonio", ha advertido.

"EL VECINO DEL SÉPTIMO, EL MÁS INTERESADO"

En cualquier caso, el candidato del PP a la Alcaldía ha vuelto a insistir en que "el más interesado en que se agilizaran las obras era el vecino del séptimo", en alusión a su persona, ya que, como así ha añadido, los trabajos de restitución del inmueble a la legalidad provocaron tres inundaciones en el piso por encima del suyo que le obligaron a trasladarse temporalmente a otra casa de su propiedad en el Camino Viejo de Simancas.

"Dejo la siguiente pregunta en el aire: qué ganaba yo impidiendo que se ejecutara la sentencia en tiempo y forma?", ha concluido el alcalde al hacer uso de su derecho a la última palabra antes de que quedara el juicio visto para sentencia.

En sus informes definitivos, la Fiscal Delegada de Urbanismo, Ana Valle, y el acusador popular, Carlos Castro, han mantenido su petición de inhabilitación para el regidor por desobediencia a la autoridad--la de este último es más elevada porque considera que es delito continuado--y han coincidido en la voluntad dolosa del imputado, como, a su juicio, demostraría el retraso de casi cinco años en dar cumplimiento al fallo del TSJCyL, y todo ello pese a la media docena de requerimientos que dicho tribunal realizó al alcalde, cuatro de ellos "bajo su directa y personal responsabilidad".

Las dos acusaciones comparten el criterio de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid--fue la que reabrió el caso--de que a lo largo de los últimos cinco años el alcalde ha hecho gala de "la retórica al servicio del incumplimiento", así como de una "abierta negativa a acatarla", ya que, como así ha apostillado la fiscal, "era consciente de que a los sucesivos proyectos aprobados no les iba a dar luz verde el filtro judicial".

En su alegato final, las acusaciones recuerdan que sólo a partir de la denuncia de Fiscalía en 2012 se trató de ejecutar el fallo sin más demoras, cosa que se logró en tan sólo cinco meses porque "entonces sí que había voluntad de hacerlo".

La acusación popular ha añadido que el alcalde permaneció impasible también ante las órdenes del tribunal de desalojar los dos áticos ilegales y las oficinas construidas a partir de viviendas, pues únicamente dio cumplimiento de ellas mediante decreto de fechas 28 de septiembre de 210 y 6 de junio de 2012, respectivamente, en el primer caso dos años y cuatro meses después y en el segundo con un retraso de cuatro años y dos meses.

Por su parte, la defensa ha mantenido su petición absolutoria por entender que la voluntad de su patrocinado estuvo siempre dirigida a acatar la sentencia y convencido de que el proceso judicial es absolutamente "político dirigido contra un político".