Apamcyl avisa de falta de funcionarios en áreas jurídicas de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente

VALLADOLID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl), integrada en Uscal, avisa de la falta de funcionarios en los servicios jurídicos de los Servicios Territorial de Medio Ambiente de varias provincias, lo que provoca un "colapso" en la tramitación de denuncias y afecta a la protección del medioambiente.

En un comunicado recogido por Europa Press, el sindicato ha advertido, en concreto, de la falta de funcionarios responsables de tramitar los expedientes sancionadores derivados de las denuncias interpuestas por los agentes medioambientales y otros cuerpos de agentes de la autoridad ante las infracciones contra las leyes medioambientales.

Esta "carencia" afecta al funcionamiento interno de los Servicios Territoriales, así como tiene un "impacto directo" en el trabajo de los agentes medioambientales, en la seguridad jurídica de los administrados y, "especialmente", en la protección del medio ambiente, ha aseverado Apamcyl.

En este sentido, ha alertado de que esto provoca "un colapso" en la tramitación de denuncias y "deja sin resultado el esfuerzo y el trabajo de campo realizado por los agentes medioambientales y resto de agentes que se ocupan de la protección de la naturaleza".

"No olvidemos que todas las denuncias sobre incumplimientos ambientales se han de resolver por la administración autonómica en la mayoría de los casos, en los ayuntamientos en los menos", ha señalado el sindicato al respecto, para recordar que los agentes medioambientales "dedican tiempo y recursos a vigilar, investigar y documentar posibles infracciones".

Esas actuaciones "quedan vacías de contenido, sin respaldo y efecto real", sin la instrucción adecuada. "Decaen y generan una sensación de impunidad ante el incumplimiento de la normativa", ha criticado Apamcyl, para incidir así en que la falta de los funcionarios en servicios jurídicos deja al medio ambiente "desprotegido".

"Aunque los agentes medioambientales realizan su labor con dedicación y profesionalidad, la paralización de los expedientes sancionadores permite que las infracciones queden impunes y se repitan, ocasionando daños irreparables al entorno natural y en muchas ocasiones a la seguridad medioambiental y a la salud pública de la ciudadanía. Asimismo, esta situación genera indefensión para los administrados", ha agregado el sindicato.

En este contexto, ha precisado que en algunos casos, las denuncias pueden derivar en procedimientos "sin la debida tramitación o garantías", con "perjuicios irreparables", especialmente cuando implican el decomiso de armas, herramientas o materiales utilizados en las infracciones.

Incluso, ha añadido, por paralización de actividades de manera cautelar, "que pueden conllevar responsabilidad patrimonial de la administración".

LA JUNTA "NO PROTEGE LOS INTERESES AMBIENTALES"

A esta "grave situación" se suma la "incongruencia" de la gestión del actual Equipo de gobierno de la Junta, ha apuntado la asociación sindical, para censurar el anuncio de la contratación de 90 técnicos "sin que se haya aclarado la fórmula jurídica de dicha contratación" y mientras se "mantienen vacantes más de 20 plazas de funcionarios de los servicios jurídicos en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente".

"Esta política de personal contradice los principios de eficacia y legalidad, ya que prioriza contrataciones de dudosa base jurídica mientras abandona puestos esenciales para garantizar la aplicación de las leyes ambientales y alimentando así la impunidad de los incumplimientos normativos", ha subrayado Apamcyl, para exigir a la Junta que adopte "medidas urgentes" para cubrir las plazas vacantes de funcionarios de los servicios jurídicos en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente.

La protección del medio ambiente, la seguridad jurídica de los ciudadanos y la eficacia del trabajo de los funcionarios públicos "no pueden seguir en riesgo por la falta de personal cualificado y por decisiones políticas incoherentes con los objetivos de conservación y cumplimiento de la legalidad", ha reiterado, al tiempo que ha pedido al Ejecutivo autonómico que "deje de bombardear a los representantes de los empleados públicos con medias verdades" cuando "mantiene una gestión de personal que no protege los interese ambientales de Castilla y León y vulnera derechos constitucionales de toda la ciudadanía".

Para Apamcyl, esta es "una política nada acertada" del Gobierno de la Junta, que precisamente se lleva a cabo "en uno de los peores años de incendios forestales en esta comunidad autónoma".