Apamcyl protestará el martes contra las ofertas de la Junta para mejorar el operativo de incendios

   VALLADOLID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Asociación-Sindicato Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl, integrado en USCAL) ha convocado una concentración el próximo martes, 21 de octubre, ante las Cortes en protesta por las ofertas de la Junta para la mejora del operativo de incendios.

   Apamcyl, que esta semana ha presentado un informe sobre los incendios ocurridos este verano en la Comunidad, ha convocado esta concentración después de la ruptura de las negociaciones para la mejora del operativo, en las que ha asegurado que la propuesta de la Junta pasa por la división del colectivo de agentes medioambientales entre dos grupos distintos de funcionarios y la contratación de 90 técnicos "como maniobra" para limitar el acceso a las escalas del grupo más alto del funcionariado.

   La Asociación, en un mensaje publicado en su perfil de la red 'X' (@apamcyl) recogido por Europa Press, advierte de que los agentes medioambientales de la Junta "no van a consentir el atropello" al que les pretende someter el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco.

   Asimismo, avisa de que el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, "conoce perfectamente" cómo el colectivo se toma las cosas cuando se trata de defender lo suyo.

   En el mensaje adjunta un comunicado en el que explica que la reciente propuesta de "división" del colectivo de agentes medioambientales de Castilla y León por parte de la Dirección General de Función Pública de la Consejería de Presidencia en dos grupos profesionales diferentes --el nuevo grupo B y grupo C1 actual-- "no es casualidad".

   "Todos sabemos de dónde parte la idea y quiénes son sus autores intelectuales y materiales. Los de siempre", ha señalado la Asociación, que ha advertido de que esto genera "un grave riesgo de fragmentación interna" que afecta negativamente "tanto a la cohesión del cuerpo como a la calidad y eficacia del servicio público que se presta".

   Asimismo, considera que esta división supone un trato "desigual y discriminatorio" dentro de un mismo cuerpo profesional que comparte idénticas funciones, responsabilidades y formación, "erosionando la unidad y debilitando el poder negociador y representativo del colectivo", que ha afirmado que ha sido durante años "seña de identidad" de la profesión.

CONTRATACIÓN "MASIVA"

   Además, considera que la contratación "masiva" de 90 técnicos por parte de la Junta "debe entenderse" como una "maniobra estratégica" para "limitar" el acceso a las escalas del Grupo A para quienes hasta ahora se les ha "coartado" el derecho de estar encuadrados en el grupo B de la Administración pública desde hace 20 años.

   "Esta contratación externa no solo precariza la estabilidad laboral del cuerpo, sino que actúa como un freno para que los agentes actuales puedan ascender a niveles superiores dentro de la estructura profesional, cuando muchos cuentan con titulaciones para poder ocupar dichos puestos", argumenta Apamcyl.

   A juicio de la Asociación, esto supone "un trampolín" para "bloquear" el desarrollo profesional interno al limitar oportunidades de promoción y el reconocimiento del mérito y experiencia adquiridos.

   A este respecto, considera que esta estrategia "pone en peligro la motivación, la profesionalización y la continuidad de la transmisión del conocimiento" dentro del cuerpo de agentes medioambientales, dado que las perspectivas de carrera y movilidad "se ven mermadas" y el coletivo queda "relegado" a posiciones "inferiores" mientras se favorece lo que tilda de "entrada externa" sin reconocimiento de la trayectoria y experiencia interna.

   "A largo plazo, esta situación puede derivar en un empeoramiento del desempeño, desmotivación del personal y pérdida de especialización, con consecuencias negativas para la gestión y protección del medio ambiente de Castilla y León", ha afirmado la formación.

   Por ello, considera fundamental "denunciar" lo que ve como una "división" y la contratación "masiva" de técnicos como una medida que "fragmenta y divide al colectivo" y además impide la carrera profesional y movilidad interna, al tiempo que cree que "menoscaba" la calidad del servicio público en perjuicio tanto de los trabajadores como de los ciudadanos de la Comunidad.