La aprobación por unanimidad la Ley del Puestos de Difícil Cobertura cierra el último pleno de la legislatura en CyL

    VALLADOLID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El acuerdo unánime en torno a la Ley de Puestos de Difícil Cobertura con el fin de dar cobertura y garantizar la asistencia sanitaria en toda la Comunidad cierra el último pleno ordinario la XI legislatura en las Cortes de Castilla y León, un pacto parlamentario al que se ha llegado tras un amplio debate en comisión y la incorporación de numerosas enmiendas de la oposición a un texto presentado inicialmente por PP y Vox.

   La iniciativa ha contado con el respaldo de todos los grupos, quienes han defendido ante el Pleno las enmiendas que han llegado vivas a la sesión. Así, el procurador del PP Jesús María Sánchez Martín ha enfatizado que esta norma establece un marco estable de incentivos económicos, profesionales, formativos y de conciliación para fijar sanitarios.

   En su turno de defensa de la Ley como proponente, Sánchez ha insistido en que el objetivo final de la ley "no son solo los incentivos ni siquiera los profesionales, sino el paciente", por lo que se coloca a los habitantes de Castilla y León como "el vértice" de la norma para hacer efectivo su derecho a una asistencia sanitaria de calidad, sin renunciar a ningún pueblo "ni dejar atrás" a ningún ciudadano.

   Para el procurador 'popular' garantizar atención sanitaria en zonas rurales es un "deber moral y cívico" que trasciende colores políticos y, tras defender el diálogo y consenso en torno a la norma, ha subrayado que esta ley nace del respeto al territorio y el compromiso con las personas para garantizar "cohesión, igualdad y dignidad en los puestos de difícil cobertura".

   Por su parte, la procuradora de Vox Rebeca Arroyo ha destacado la "voluntad de negociar inimaginable" de todos los grupos en esta norma, a la que se han incluido más de 20 enmiendas tras escuchar a médicos y enfermeros. Así, Arroyo ha señalado que la norma incluye beneficios en carrera profesional, concursos de traslados y formación para atraer profesionales a áreas remotas donde la falta de sanitarios compromete la prestación sanitaria.

   En su intervención ante el Pleno, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, ha defendido sus tres enmiendas que llegaron vivas al Pleno y que finalmente no se han incorporado y, entre ellas, ha insistido en la "enmienda romántica" que propone medidas sociales para parejas o unidades familiares de aspirantes contratados, como contratación combinada en centros próximos.

   No obstante, el procurador ha expresado agrado por el acuerdo alcanzado en esta ley, pero ha lamentado profundamente que, tras cuatro años de legislatura, no se haya logrado el Pacto por la Sanidad tan demandado.

   En su intervención, el procurador Francisco Igea también ha defendido la voluntad de diálogo en torno a la norma y ha retirado las enmiendas que llegaron vivas al Pleno tras trasaccionarse una de ellas. "Yo sigo creyendo que era importante que hubiera un límite sobre la relación de tarjetas por habitante para proceder a la declaración de plazas de difícil cobertura, que es lo que es importante en la reordenación", ha zanjado.

   Tras esta intervención, el procurador de Soria ¡Ya! Juan Antonio Palomar Sicilia ha señalado su apoyo a la norma pese a criticar su "rechazo", al tiempo que ha reprochado incorrecciones como medir ratios de pacientes por profesional sin considerar la baja densidad demográfica rural, la declaración de puestos de difícil cobertura "de oficio" sin automatismos que eviten discrecionalidad del PP, y la regulación exclusiva del complemento de atención continuada para médicos, excluyendo enfermería y técnicos.

    Asimismo, el procurador ha alertado que la ley no blinda la actividad asistencial pese a la reciente Ley de Blindaje de Servicios Públicos, y ha defendido sus enmiendas parciales para subsanar "errores formales y de concepto", como incluir otros colectivos o criterios objetivos y negociación en productividad.

   La procuradora de UPL Alicia Gallego, pese a apoyar la norma, ha reprochado a la Junta de Castilla y León haber esperado al último Pleno de la legislatura para aprobar una ley "tan necesaria" como la de medidas extraordinarias para puestos sanitarios de difícil cobertura, por lo que ha criticado que se utilice ahora esta proposición para fines electorales más que para "atender ciudadanos".

    Gallego ha recordado un acuerdo de marzo de 2023 en la Comisión de Recursos Humanos que ya pedía declarar puestos de difícil cobertura en atención primaria con incentivos, y ha insistido en que el problema es "permanente" y agravado en "regiones como la leonesa" por dispersión, clima y orografía.

   UPL ha mantenido 27 enmiendas vivas, todas ellas rechazadas, y propone un nuevo artículo 18 para definir criterios objetivos de difícil cobertura como distancia mínima de 50 kilómetros al hospital más cercano, extensión geográfica del área y priorización de concursos de traslados únicos, abriendo a transigir por diferencias territoriales y flexibilidad, ya que "no todos los territorios son iguales" y urge una cobertura estructural adaptada a la realidad rural.

   Por último, el procurador socialista Jesús Puente ha defendido una Ley que identifica correctamente el fenómeno global de la "fuga de médicos" y ha advertido de la necesidad de impulsar un Reglamento en dos años para que la norma alcance su pleno potencial.

   Finalmente, Puente ha calificado el resultado como "positivo", fruto de un trabajo conjunto que dignifica la política cuando se centra en soluciones concretas para los ciudadanos.

LA LEY

   La Ley de medidas extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura y garantizar la asistencia sanitaria en el Servicio de Salud de Castilla y León, promovida por los grupos Popular y Vox, busca asegurar la atención en centros de salud, consultorios locales, pequeños hospitales y servicios de urgencias y emergencias, especialmente en áreas rurales alejadas de las capitales de provincia, donde persisten plazas vacantes por falta de atractivo profesional.

   La norma fija criterios para identificar estos puestos, regula un procedimiento específico para declararlos de difícil cobertura y articula medidas de incentivación económicas, profesionales y organizativas para atraer y retener médicos y enfermeras en estas zonas.

   El texto prevé un complemento específico de garantía asistencial para quienes ocupen estas plazas, que se suma a las retribuciones ordinarias y se gradúa por grupos profesionales, así como ventajas extraordinarias en carrera profesional y en la valoración de la experiencia en oposiciones, concursos de traslados y bolsas de empleo, donde el tiempo trabajado en puestos de difícil cobertura computará más que en plazas ordinarias.

   La norma aprobada este miércoles en las Cortes incorpora medidas de "flexibilización" de jornada y horarios, con la posibilidad de concentrar la semana laboral en cuatro días y de adaptar turnos para reducir los inconvenientes de los desplazamientos, respetando siempre los descansos legales.

   Asimismo, establece prioridad formativa para quienes ocupen estas plazas, prevé ayudas económicas para desplazamiento y alojamiento y abre la puerta a medidas sociales adicionales como facilidades en vivienda y escolarización, así como propuestas de contratación combinada para parejas que opten conjuntamente a estos destinos.

   Para garantizar la continuidad asistencial en especialidades o servicios con mayores dificultades, el texto regula la declaración de "actividades asistenciales de difícil prestación" y permite recurrir a la prestación voluntaria de atención continuada en otros centros, proyectos de gestión compartida entre áreas de salud y la suspensión voluntaria de la exención de guardias para facultativos mayores de 55 años.