MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
Fernando Rodríguez, portavoz del Ayuntamiento de Salamanca, declaró hoy, a la salida de la Audiencia Nacional, que "confía en la justicia y en el estado de Derecho" para mantener la "suspensión cautelar" de los papeles de Salamanca porque "el interés público no se ve perjudicado porque estos documentos llevan muchos años en el Archivo". "Sabemos que ésta es una lucha de David contra Goliat", señaló.
En declaraciones a los periodistas, aseguró que si no se mantiene esta medida cautelar, la situación puede ser "irreversible" porque la Ley no prevé "ningún mecanismo de control de los documentos una vez que se entreguen a la Generalitat". "La mera consumación de esa entrega hace que se incumpla flagrantemente la ley", agregó.
En opinión del portavoz del consistorio salmantino, "salen documentos que nunca han pertenecido ni a la Generalitat de Cataluña, ni al Parlamento catalán, ni a entidades de ellos dependientes". Explicó que sus argumentos ha quedado perfectamente acreditados en los testimonios de Miguel Angel Jaramillo, director del Archivo de la Guerra Civil y de Carlos Travesí, responsable del Archivo de Castilla y León.
EXAMEN MINUCIOSO
Rodríguez exigió un "examen minucioso" de cada uno de los documentos para poder determinar cuál pertenece a la Generalitat al Parlamento o a entidades de ellos dependientes. Respecto a las declaraciones del director del Archivo de la Guerra Civil en las que explicaba que la mayoría de la documentación incluida en las 500 cajas estaba "vinculada a Cataluña", el portavoz del Ayuntamiento, aclaró que "puede haber documentación vinculada a Cataluña pero no ser de la Generalitat sino de un particular y por eso no se puede devolver a la Generalitat". "No discutimos la ley que se está discutiendo en el Tribunal Constitucional, una ley que consideramos arbitraria e injusta, pero que acatamos porque fue aprobada por las Cortes Generales. Lo que pedimos es que el primero que la acate sea el gobierno y que no la vulnere", añadió.
El portavoz del Ayuntamiento de Salamanca explicó que, en sus alegaciones ante la Audiencia Nacional, han reiterado el "incumplimiento flagrante de la Ley" porque hay documentos, incluidos en 500 cajas que alberga la cámara acorazada del Ministerio de Cultura, que "no pertenecieron nunca a la Generalitat de Cataluña ni al Parlamento Catalán ni a entidades que dependen de ellos". "Esto ha quedado acreditado mostrando documentos que pertenecen particulares, a órganos del Estado e incluso de otras procedencias geográficas distintas a Cataluña", confirmó.
Asimismo, manifestó que "hay incumplimientos graves de procedimiento" como la ausencia del informe preceptivo del Patronato del Archivo de Salamanca; la ausencia de identificación previa de los documentos; y la falta de copias auténticas en los términos que marca la ley de procedimiento administrativo, más algunos otros incumplimientos procedimentales.
Por último agradeció a los testigos el "respaldo" prestado y destacó el testimonio de Miguel Angel Jaramillo, director del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca "que ha sido sometido a un tremendo acoso por parte del Abogado del Estado" y resaltó la "honradez" y la "ética profesional" del director del Archivo de la Guerra Civil, que es una persona "declarada non grata por este Gobierno y por el Ministerio de Cultura". "Confiamos en la justicia porque en un Estado de Derecho la pretensión de los débiles es tutelada por los tribunales frente a los poderosos, que en este caso es el Ministerio de Cultura", concluyó.