Presentan recurso de reposición contra la denegación de las alegaciones presentadas por la agrupación ante el expediente de ruina
VALLADOLID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Vecinal Rondilla de la capital vallisoletana ha formulado denuncia ante la Fiscalía de Valladolid al considerar que existen "indicios racionales de delitos" de prevaricación y dejación de funciones por parte del Ayuntamiento y de la Tesorería General de la Seguridad Social en el caso del antiguo colegio San Juan de la Cruz.
Según han señalado fuentes vecinales en un comunicado recogido por Europa Press, el "prolijo estudio" de documentos del caso San Juan de la Cruz ha llevado a la Asociación Vecinal a apreciar la existencia de indicios racionales de delito en la "inactividad premeditada e intencionada" de la Administración municipal entre noviembre de 2000 y julio de 2014.
De hecho, también plantean que la situación continúa igual después de que el inmueble fuera cedido a la Seguridad Social mediante una permuta en la que el Ayuntamiento de Valladolid recibió un solar situado en la calle Valle de Arán.
La Asociación Vecinal interpreta que son "inactuaciones constitutivas de sendos delitos de prevaricación y dejación de funciones", por lo que formuló denuncia ante la Fiscalía contra los representantes de las administraciones públicas implicadas (Ayuntamiento de Valladolid y Secretaría de Estado de la Seguridad Social) "y quienes aparezcan como responsables en el curso de las investigaciones y actuaciones que, en su caso, se practiquen por el Ministerio Fiscal".
La agrupación vecinal relata los hechos en un "extenso memorial" acompañado de "archivos fotográficos, informes periciales, escritos de interminables denuncias" de la Asociación.
RECURSO DE REPOSICIÓN
Además, la Asociación ha interpuesto recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Municipal de 10 de abril pasado con el que se rechazaban las alegaciones contrarias a la declaración de ruina económica del inmueble del San Juan de la Cruz.
Según le consta a la Asociación, también Manuel Saravia, en nombre y representación del Grupo Municipal de Izquierda Unida, formuló recurso contra ese mismo acuerdo.
La Asociación fundamenta su recurso en que el acuerdo municipal contiene "graves manipulaciones" al "distorsionar" el estado real del inmueble len "beneficio de los intereses espurios del alcalde y del secretario de Estado de la Seguridad Social, en contra del bien y la hacienda del vecindario de la Rondilla".
A su juicio, el edificio no presenta agotamiento generalizado de sus elementos estructurales y fundamentales, partes sustanciales o vitales como muros, cubiertas, forjados, viguería o cimentación, "sino deterioros, indudablemente importantes, ocasionados por los delictivos incumplimientos del propietario, el Ayuntamiento de Valladolid".
A este respecto, culpan al Consistorio de dejar de sostener económicamente el mantenimiento de la vida del inmueble y atender su deber legal de conservar la edificación en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y digna imagen urbana, "todo ello en flagrante oposición a las leyes y a la moral pública".
15 AÑOS
La Asociación ha señalado que en los 15 años transcurridos desde el cese de la actividad escolar (septiembre de 1999) y su incorporación primero al patrimonio municipal (noviembre 2000) y ahora al de la Seguridad Social (julio de 2014), el Ayuntamiento de Valladolid ha seguido una práctica "calculada de abandono, tendente a crear la imagen de daño y peligro para las personas, al objeto de provocar la extinción de su obligación legal de mantenimiento de la vida útil del edificio y, en definitiva, impedir el disfrute social de este histórico equipamiento por el vecindario de la Rondilla".
Además, ha explicado que para poder declarar la ruina económica es exigible en primer lugar que los supuestos y circunstancias que la legitiman han de quedar suficientemente acreditados y, en segundo lugar, que la actuación administrativa ha de ajustarse a los principios de proporcionalidad y congruencia. "Estos requisitos no han sido acreditados de manera expresa, por lo que la calificación de ruina que pretende la Secretaría de Estado de la Seguridad Social es improcedente y desproporcionada", considera el colectivo vecinal.
En la misma línea, la Asociación ha apuntado que la declaración de ruina de demolición no se deriva del estado del edificio, que "en absoluto presenta indicios de derrumbamiento o peligro", sino que responde al "incumplimiento" de las obligaciones económicas de conservación, que Ayuntamiento y Ministerio de Empleo y Seguridad Social "tratan de eludir".
La Asociación Vecinal ha aclarado también que según la Ley, el estado ruinoso sólo podrá ser decretado por el Ayuntamiento cuando el coste de las obras necesarias para su rehabilitación sea superior al 50 por 100 del valor actual del edificio o plantas afectadas.
Sin embargo, el colectivo ha asegurado que si se cruzan los datos económicos de las distintas fuentes que inciden en la determinación del coste de conservación y del valor de reposición del inmueble del San Juan de la Cruz, se aprecian "distorsiones" que alteran "notablemente" los resultados en las estimaciones de la Dirección Provincial de Valladolid del Instituto Nacional de la Seguridad Social (que instó el procedimiento de declaración de ruina económica), de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Valladolid (que resolvió la declaración de ruina económica) y las previsiones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (que provee la financiación de la reposición del inmueble).
La Asociación califica de "llamativa" la comparativa de las valoraciones del INSS, que eleva en 51.679,57 euros los costes de conservación y reduce notablemente en 458.499,05 los de reposición las previsiones de los técnicos municipales, de forma que el valor de reposición del edificio supone para el INSS un 72,50 por ciento y para el Ayuntamiento el 56,12 por ciento.
"Aún son más extremadamente llamativas" esas valoraciones, ha señalado la Asociación, si se comparan con la cantidad consignada en los Presupuestos Generales del Estado para 2015, que prevén 6.751.630,00 euros para atender los gastos de construcción de la nueva dependencia de la Seguridad Social en Cardenal Torquemada 1, que deja en un 13,42 por ciento el coste de las obras de reparación para recuperar el inmueble o, en su caso, las partes afectadas.
