VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Valladolid acordó el archivo de la querella que el Grupo Urbespacios S.L. presentó a finales de agosto contra el concejal y portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de la capital, Óscar Puente, por delitos de coacciones y amenazas al entender que no son constitutivas de infracción penal las declaraciones vertidas por este último en las que advirtió que acudiría a los tribunales si la Comisión Territorial de Urbanismo cometía la ilegalidad de aceptar subrogarse en las competencias municipales para sacar adelante el proyecto urbanístico de 'Valdechivillas', promovido por la sociedad querellante.
En su auto, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial que preside el magistrado José Luis Ruiz Romero estima así el recurso de apelación interpuesto por Puente contra el auto dictado el día 4 de septiembre por el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital, que admitió a trámite la querella presentada contra él por el presidente de Urbespacios, Juan Antonio Cantalapiedra, y por tanto resolvió el archivo de las diligencias, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
En su fundamentación, la Sala recuerda que "no puede ignorarse el contexto político en el que se producen los hechos, y con los elementos que se cuenta no existen motivos para que este asunto traspase el citado contexto, no estando justificada la intervención penal en unos hechos como los imputados en la querella".
Además, el tribunal, que acuerda la inadmisión íntegra de la querella, recuerda que Puente no hizo otra cosa que un "ejercicio legítimo de un derecho" cuando el día 12 de agosto, en rueda de prensa, anunció que emprendería acciones judiciales por tráfico de influencias y prevaricación contra los miembros de la Comisión Territorial de Urbanismo que votaran a favor de subrogarse en las competencias municipales sobre 'Valdechivillas' en la sesión que dicho órgano tenía previsto celebrar dos días después, así como contra el alcalde, Francisco Javier León de la Riva; el presidente provincial del PP, Ramiro Ruiz Medrano, y el secretario regional de dicha formación, Alfonso Fernández Mañueco.
Al respecto, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia provincial incide en que "cualquier persona puede denunciar los hechos de los que tenga conocimiento y considere que son constitutivos de delito".
Alude así a lo hecho por el político socialista cuando se pronunció en aquellos términos y, además, remitió un escrito dirigido a la Comisión Territorial de Urbanismo advirtiendo de la ilegalidad que supondría asumir competencias del Ayuntamiento de Valladolid con respecto a la aprobación provisional de la Propuesta de Sectorialización del AH-10 'Valdechivillas', del PGOU de la ciudad, y Plan Parcial que establece la ordenación detallada de dicho Área, tal y como pretendía Urbespacios para desatascar así un proyecto que contempla la construcción de más 14.000 viviendas y que contaba con la fuerte oposición del Grupo socialista e incluso de dos ediles del PP.