Ayuntamiento de Burgos solicita al Gobierno ampliar el plazo de la deuda de consorcios

BURGOS 25 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, va a solicitar al Gobierno una refinanciación de la deuda que mantiene por la absorción de los débitos derivados de asumir la deuda de los consorcios de Villalonquéjar y del Desvío Ferroviario.

Una petición que nace tras decidir la disolución de ambos consorcios en julio de 2024 para recuperar la "soberanía financiera" y dejar de depender de las condiciones impuestas por las entidades bancarias.

Así, el Ayuntamiento se enfrenta ahora a un calendario de pagos "muy desequilibrado". El cuadro actual de amortizaciones exige el pago de 12 millones de euros en 2026, una cifra que asciende progresivamente hasta un pico de 32 millones en 2031, para caer drásticamente a solo 3 millones en 2032; una distribución que el equipo de Gobierno considera "inasumible" para el día a día de la ciudad.

Ante este escenario, los servicios económicos han diseñado un plan de refinanciación por dos vías. La primera es "negociar" los tipos de interés a la baja, que actualmente superan el cinco por ciento debido a un diferencial ligado al Euribor y solicitar una ampliación del plazo de pago hasta los años 2041 o 2042.

En este sentido, con la esperanza puesta en que el Ministerio de Hacienda y Economía, acepte las condiciones propuestas para el Ayuntamiento de Burgos, Ayala ha lanzado un mensaje de "absoluta tranquilidad" a la ciudadanía respecto a la situación de las arcas municipales, tras el aval del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León a sus presupuestos y la validación de su estrategia para financiar infraestructuras mediante la venta de suelo.

La alcaldesa ha calificado de "alarmismo político" las críticas de PSOE y Vox, al asegurar que el municipio se encuentra en situación de "estabilidad presupuestaria y equilibrio financiero, mejor incluso que al inicio de la legislatura".

LA DEUDA TOTAL

Para ilustrar esta mejoría, el Ejecutivo local ha detallado que la deuda total del Ayuntamiento se ha reducido de los 204 millones de euros "heredados" en 2023 a los 134 millones actuales. Este descenso sitúa la ratio de endeudamiento en el 61 por ciento, frente al pico del 111 por ciento registrado en 2022.

Esta reducción ha sido posible por una amortización anticipada de 66 millones obligada por la regla de gasto, un ritmo de pago que el actual Gobierno afea no haber visto en la anterior legislatura socialista, y que además permitirá liberar 23,5 millones para la reforma del Mercado Norte.

El grueso de esta deuda restante no procede de la gestión diaria actual, sino de los consorcios ferroviario y de Villalonquéjar, originados a finales de los noventa y firmados en 2003.

El origen del problema radica en que Burgos fue la única ciudad de España que financió al "cien por cien el desvío del ferrocarril -una obra de interés nacional e internacional"- a cambio de unos terrenos liberados que se valoraron en plena burbuja inmobiliaria y que posteriormente perdieron gran parte de su valor tras la crisis de 2009.

Así, el Ayuntamiento remitió la consulta formal al Ministerio el pasado 21 de mayo y recibió una primera respuesta dos días después, en la que el Ejecutivo se comprometía a estudiar de forma interna la complejidad del asunto para proponer próximamente una reunión bilateral.

La alcaldesa ha negado que se oculte información a la oposición, para asegurar que se les trasladó todo en una reunión el mismo día de la consulta, al tiempo que les ha invitado formalmente a acudir juntos a Madrid al entender que la reestructuración de esta deuda histórica "es un asunto vital para el futuro de la ciudad".