La UCO señala contratos de la cátedra de Begoña Gómez "al margen de la normativa" y de forma "premeditada"

   MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

   La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado que algunos contratos de la cátedra que codirigió Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se hicieron "al margen del procedimiento establecido en la normativa" y de manera "premeditada".

   Así lo expone en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press y que los investigadores han remitido al juez instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, que planteó juzgar con jurado popular a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.

   Los agentes explican que han analizado la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva que codirigió Gómez y, especialmente, la plataforma Transforma TSC, "desarrollada gracias a un coste económico directo para la UCM de 108.765,79 euros".

    Y añaden que los colaboradores de la cátedra aportaron "de manera altruista" entre 225.000 y 253.000 euros para el desarrollo de la plataforma, desarrollada en nombre de la UCM y que se puso "de carácter gratuito" a disposición de pymes con talleres promocionales y del público general en la web transformatsc.org, sobre lo que el juez sospecha si Gómez se apropió irregularmente de ese 'software'.

UN PAGO LIBERADO PARA EVITAR ENRIQUECIMIENTO INJUSTO

   Tras ello, la UCO incide en la condición de "administración pública" de la Complutense y el "preceptivo acogimiento a la Ley de Contratos del Sector Público" para analizar la contratación de servicios para el desarrollo de la plataforma que fueron abonados por la UCM, en concreto a Making Science Group y Deloitte Consulting.

   Respecto a la primera, hacen hincapié en que su contratación se llevó a cabo "sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo al efecto, pese a corresponderle por razón de su importe (20.000 euros sin IVA)".

   Pero precisan que, "dado que la unidad interventora competente detectó esta disfunción una vez prestado el servicio, el pago fue liberado en aras de evitar un enriquecimiento injusto de la UCM".

   En cuanto a la segunda, indican que dos expedientes "se habrían elaborado como un mero marco administrativo conformado a los únicos efectos de dotar de apariencia de legalidad a la contratación de estos servicios, la cual se habría llevado a cabo nuevamente al margen del procedimiento establecido en la normativa".

   A ello añaden que los pagos a Deloitte Consulting "sí se sustentaron en un contrato menor y en una posterior contratación mediante procedimiento abierto simplificado".

   "Sin embargo, de la sucesión de hechos se desprende que las adjudicaciones no solo estaban premeditadas sino que la consultora ya había iniciado sus funciones con anterioridad a la adjudicación del primer contrato" y "la prestación real de sus servicios no guardó relación con los plazos formales de ejecución de ambos contratos", apunta.

   También expone que "los requisitos y condiciones exigidos para ambos contratos --en su invitación a ofertar y en los pliegos, respectivamente-- se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la cátedra, incluido el precio, e incluso se deduce de la secuencia de hechos analizada que se habrían solicitado ofertas de forma simulada o en unas condiciones que propiciaron una limitación de la concurrencia al resto de licitadores y en beneficio de Deloitte".

   En la misma línea, apunta que "se producen discordancias entre el desempeño real de los servicios y los contratos formalizados", puesto que "no se identifican elementos de los que se desprenda que durante el plazo formal de ejecución del segundo de los expedientes Deloitte desarrollase alguna de las funciones para las que fue contratado".

FONDOS PRIVADOS DE GÓMEZ

   La UCO señala que el desarrollo de la plataforma se encontraba aparejado a una serie de trámites, como la puesta a disposición de la Complutense y el registro de marcas y dominios.

   Al respecto, indican que el órgano interno de la UCM responsable del proyecto de desarrollo se encontraba "en pleno conocimiento del estado de la herramienta a lo largo de todo el proceso" y destacan la figura de Gómez como directora de la cátedra y "principal responsable del proyecto, participando en los talleres para la difusión y publicidad de la herramienta en la fase final del proceso".

   Y "técnicamente" identifican elementos de que el resultado del trabajo, en concreto "el entorno de producción de la plataforma una vez desarrollado", habría sido puesto a disposición de una unidad interna de la Complutense, en concreto su Servicio de Sistemas.

    Con todo, los investigadores manifiestan que, en materia de propiedad intelectual, "a pesar de haberse llegado a promocionar y hacer público el acceso a la herramienta, no se identifican elementos de los que se desprenda que por los responsables del proyecto se siguió el protocolo establecido por la UCM para el registro de productos susceptibles de generar derechos de propiedad intelectual".

    "En este caso, la competencia recaería sobre la cátedra, órgano interno de la UCM promotor del proyecto, y cuya dirección era asumida por Gómez", apostillan.

   También apuntan a "otros trámites paralelos", como el registro de la marca creada en el marco del desarrollo de la plataforma y el alta del dominio encaminado a albergar el acceso público a la herramienta, "procedimientos de igual manera sujetos a un protocolo interno, no disponiéndose de elementos de los que desprenda su cumplimiento por parte de Gómez y Blanca de Juan como responsables de la gestión".

    "Cabe señalar que los dos procesos citados habrían sido cubiertos con fondos privados. En concreto, los costes de los que se ha podido comprobar su origen fueron sufragados con fondos de la esfera personal de Gómez, difiriendo de la cobertura de otros gastos menores --cuya contratación no está sujeta a procedimientos-- generados en el marco de la cátedra y que fueron asumidos con el fondo vinculado a dicho órgano", describen.

UNA EMPRESA CON EL NOMBRE DE LA PLATAFORMA

   Por otra parte, la UCO subraya que la información bancaria analizada "concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que Begoña Gómez ha venido desarrollando".

   "En tanto en cuanto, las entidades a las que se ha vinculado profesionalmente se corresponden con los principales pagadores que se identifican. Todo ello al margen de otros ingresos derivados de otras operaciones de inversión", agrega.

   Asimismo, la UCO apunta a un pago realizado por una cuenta titulada por Begoña Gómez y la sociedad mercantil Transforma TSC SL por importe de 3.570 euros, emitido el 10 de abril de 2024, en favor de una persona a la que identifican como Sandra Anfaiha, quien estaría "vinculada al proyecto" de la cátedra "fundamentalmente en su fase final", relativa a las "pruebas funcionales y difusión".

    Además, señalan que "no es posible precisar con exactitud" cuáles eran las "aspiraciones comerciales" de Transforma TSC SL, puesto que "su periodo de actividad abarcó desde noviembre de 2023 hasta junio de 2024, tras la apertura de este procedimiento judicial".

   Los agentes explican que esa empresa estaba administrada por Gómez, "figura referente públicamente de la plataforma", y que fue constituida cuando el desarrollo se encontraba en su fase final.