VALLADOLID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
El primer turno de 'Segunda Oportunidad' de España se pone en marcha en Valladolid con un contrato firmado entre la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento y el Colegio de Abogados (Icava) con la finalidad de "reflotar" a profesiones y familias a quienes la crisis ha colocado en una situación de sobreendeudamiento y tienen voluntad de pagar sus deudas.
Con este acuerdo entre instituciones, que el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha calificado de "fundamental para alcanzar objetivos que en solitario resultarían más difíciles", surge el primer Turno de Oficio de España en esta materia, "pionero en ayudar a sectores de población a los que la crisis ha asfixiado".
El acuerdo, que han rubricado el decano del Colegio de Abogados, Jesús Verdugo, y la concejal de Servicios Sociales, Rafaela Romero, describe que el Ayuntamiento contrata el servicio de asesoramiento jurídico y atención legal a personas naturales de la ciudad de Valladolid que muestren interés en acogerse a las medidas contenidas en la Ley 25/2015 de mecanismos de Segunda Oportunidad y no dispongan de medios para hacerlo sin ayuda.
En este contexo, Jesús Verdugo ha destacado una iniciativa "con una base social enorme" para abordar cuestiones relacionadas con la Ley de Segunda Oportunidad , que permite exonerar de sus deudas --salvo las públicas-- a los deudores de buena fe que estén dispuestos a librarse de sus posesiones.
El servicio se basa en la colaboración entre los Servicios Sociales municipales y el Colegio de Abogados, de modo que la atención a estos ciudadanos se centralizará en el Servicio Municipal de insolvencia hipotecaria, tanto si llegan a través de los centros de acción social como a través del Icava u otras vías, desde donde se derivará al usuario al Colegio de Abogados para una primera entrevista.
En esta primera toma de contacto, que abona el Consistorio, el letrado analizará el caso y asesorará al ciudadano sobre la viabilidad de acudir a los mecanismos de Segunda Oportunidad y sus costes, que asumirá él mismo en función de sus circunstancias personales --para lo que se le facilitarán aplazamientos una vez superada la insolvencia-- o bien a través de los recursos municipales, siempre con la aprobación de los Servicios Sociales.
El contrato tiene actualmente una dotación presupuestaria de 4.000 euros, a la espera de conocer su demanda, y vigencia hasta fin del año 2016.
