PALENCIA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Palencia se va a adherir a un convenio para la creación de un fondo social de viviendas para afectados por los desahucios en el que ya intervienen varios ministerios, la Federación Española de Municipios y Provincias, el Banco de España y entidades financieras.
Según informa el Consistorio, el grupo de Gobierno tiene previsto adherirse al convenio en la Junta de Gobierno Local del próximo jueves, acuerdo que pretende favorecer el acceso a un alojamiento adecuado a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad al haber perdido por desahucio su vivienda.
El mismo contempla la creación de un fondo social de viviendas destinadas a alquiler, las cuales serán aportadas por entidades financieras y a las que podrán acceder personas que hayan sido desalojadas de su primera vivienda en una fecha posterior al 1 de enero de 2008.
Con la adhesión a este convenio, el Ayuntamiento ha afirmado que da "un paso más" en las ayudas a personas que se ven en una situación tan difícil como es la de haber perdido su vivienda.
En este sentido, ha recordado que en la actualidad la Concejalía de Servicios Sociales presta asistencia a estos afectados a través de su programa de ayudas para el pago de alquileres (dotado con 36.000 euros) así como a través de la asesoría que, en colaboración con la Junta de Castilla y León, funciona en el Centro Social de San Juanillo para atender a personas desahuciadas.
Entre las condiciones para acceder a las viviendas destaca que el desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda de ejecución por impago de un préstamo hipotecario, iniciada por la misma entidad de crédito que constituye el fondo social de viviendas, que la unidad familiar no supera unos límites de renta y que cumplan unos requisitos especiales al encontrarse en un supuesto de especial vulnerabilidad.
Por otra parte, la renta del arrendamiento estará comprendida entre un mínimo de 150 y un máximo de 400 euros al mes, con un límite máximo del 30 por ciento de los ingresos netos totales de la unidad familiar. Y la duración del mismo será de dos años, aunque se podrá prologar un año más tras una revaluación del cumplimiento de los requisitos.